En la Ciudad de México, el 3 de noviembre de 2026, se llevó a cabo una protesta significativa frente a la Secretaría de Salud federal. Participaron pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, familiares, cuidadores y organizaciones que defienden el derecho a una muerte digna. El objetivo era exigir la aprobación de la iniciativa llamada Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia y la muerte médica asistida en México.
Según informes de El País y Animal Político, los manifestantes realizaron una clausura simbólica de las instalaciones de la dependencia, dirigida por David Kershenobich. Esta acción se llevó a cabo desde febrero de 2026, en protesta por la falta de una opinión técnica solicitada por el Senado, que se considera crucial para el proceso legislativo.
La protesta fue liderada por Samara Martínez, una periodista, académica y activista con experiencia personal en enfermedades crónico-degenerativas. Ella impulsó la iniciativa a partir de su propia trayectoria médica y de casos similares de personas que padecen enfermedades incurables y sufren dolor prolongado.
Durante el evento, aproximadamente medio centenar de personas colocaron calcomanías con la leyenda de “clausurado” en las puertas de la Secretaría de Salud. También instalaron un altar de muertos con fotografías de personas que murieron sin acceso a mecanismos legales para decidir sobre el final de sus vidas. La ofrenda incluyó pétalos de cempasúchil, papel picado, veladoras y mensajes como “Muerte digna ya” y “Por quienes trascendieron con dolor”.
Martínez explicó que la iniciativa se presentó ante el Senado el 28 de octubre de 2025, pero no ha podido avanzar debido a la falta de respuesta de las autoridades sanitarias. Destacó que la solicitud de opinión técnica permanece detenida, lo que ha retrasado el trabajo de las comisiones legislativas.
La Ley Trasciende propone una reforma constitucional para incorporar el derecho a una muerte digna, y modificar disposiciones legales para despenalizar la eutanasia, el homicidio por piedad y el suicidio médico asistido bajo determinadas condiciones. También busca eliminar la prohibición expresa de estas prácticas en la legislación sanitaria vigente.
Actualmente, las iniciativas relacionadas con esta propuesta fueron turnadas a distintas comisiones del Congreso, entre ellas las de Justicia, Salud y Puntos Constitucionales. Sin embargo, los plazos reglamentarios para su dictaminación ya han sido rebasados, lo que representa el riesgo de que los proyectos pierdan vigencia legislativa y deban presentarse nuevamente.
Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones de Práctica: Laboratorio para la Democracia e integrante del movimiento ¡Muerte Digna Ya!, señaló que la falta de respuesta institucional representa una omisión que impide avanzar en el debate legislativo, luego de meses de reuniones, foros y encuentros con distintos sectores sociales.
La Secretaría de Salud organizó el 27 de agosto el primer Foro Nacional sobre Bioética y Muerte Digna, donde participaron especialistas, pacientes y organizaciones civiles. Durante este encuentro, la dependencia planteó la necesidad de analizar las implicaciones médicas, científicas y jurídicas del tema, y escuchar las distintas posturas existentes.
No obstante, para las organizaciones convocantes, el foro no sustituyó la opinión técnica solicitada por el Senado ni representó una respuesta formal a la iniciativa, por lo que mantienen su exigencia de que la dependencia entregue el documento necesario para continuar la discusión.
Entre los participantes también estuvieron integrantes del Movimiento México Incluyente, quienes respaldan la despenalización de la eutanasia y consideran que las personas deben tener la posibilidad de decidir sobre su vida cuando enfrentan enfermedades terminales o condiciones de sufrimiento permanente.
Representantes de organizaciones dedicadas a la atención de pacientes con fibromialgia señalaron que el debate sobre la muerte digna debe considerar también las necesidades de quienes viven con dolor crónico, padecimientos poco visibles y falta de reconocimiento institucional, así como las dificultades para acceder a tratamientos y servicios médicos.
En paralelo, la discusión comenzó a trasladarse al ámbito local de la Ciudad de México, donde se prevé el inicio de una serie de foros legislativos sobre el derecho a decidir al final de la vida. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también solicitó abrir el debate durante la presentación de su segundo informe de gobierno, a mediados de octubre.
Los promotores de la Ley Trasciende sostienen que la eventual legalización de la eutanasia no obligaría a ninguna persona a recurrir a ella, sino que establecería una alternativa para quienes, bajo criterios médicos y legales, decidan solicitar asistencia para terminar con un sufrimiento que consideran irreversible.
Finalmente, los manifestantes convocaron a las autoridades federales y legislativas a retomar el análisis de la propuesta y atender las demandas de pacientes, familiares y organizaciones civiles, al considerar que los tiempos de discusión parlamentaria no corresponden necesariamente con las necesidades de quienes enfrentan enfermedades avanzadas.
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