La Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado un mecanismo que permitirá al gobierno de Donald Trump implementar restricciones a una práctica de inmigración que hasta ahora ha beneficiado a aproximadamente 360,000 migrantes desde 1990.
Esta decisión se produce después de que la Corte Suprema despejara el camino para que el gobierno Trump pudiera limitar el uso de la “práctica de cierre administrativo” que había sido codificada por el gobierno de Joe Biden en 2024. Este mecanismo, que ha estado en vigor de manera irregular desde hace décadas, permite a los jueces de inmigración tomar decisiones sobre casos de deportación en casos específicos, aligerando así la carga de los tribunales migratorios y evitando que personas en situaciones especiales pasen por un proceso de deportación.
Según el Departamento de Justicia, estos jueces tenían la capacidad de cerrar casos sin desestimarlos, lo que permitía que la situación de los migrantes pudiera reabrirse en el futuro si era necesario. Defensores de los inmigrantes argumentan que esta práctica es esencial para permitir que jueces consideren casos individuales, como aquellos involucrados en casos de victimización o en situación de abandono.
El gobierno de Trump había intentado prohibir la práctica de cierre administrativo en un primer intento, pero el gobierno de Biden la codificó en 2024, protegiéndola legalmente. Texas presentó una demanda federal contra esta norma, y el Departamento de Justicia respaldó la postura de Texas, solicitando una orden judicial que bloqueaba la práctica. Tres ciudades con grandes poblados de inmigrantes, Baltimore, Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut), y un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes intentaron intervenir para defender la norma, pero sus solicitudes fueron rechazadas, lo que llevó a su apelación ante la Corte Suprema.
A pesar de la decisión de la Corte Suprema, los motivos por los que rechazaron la apelación no fueron explicados públicamente.
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