Ernestina Godoy, fiscal general de la República, ha brindado detalles sobre los posibles escenarios que seguirán si Inés Gómez Mont es extraditada a México. La empresaria enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Fue arrestada el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias.
Según la Fiscalía General de la República, se busca llevarla ante la justicia mexicana por su presunta participación en un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través de empresas fantasma. Las investigaciones sugieren que Inés “N” recibió en sus cuentas bancarias personales dinero de procedencia ilícita, relacionado con contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el organismo responsable de los centros penitenciarios federales.
Además, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016, lo que supuestamente resultó en un omiso del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Una de las órdenes de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada, y fueron libradas por jueces federales.
Desde que Inés “N” abandonó el país, la FGR inició gestiones para lograr su detención. En septiembre de 2025, solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición, y en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país, integró la petición formal correspondiente. Durante las últimas semanas, ambas autoridades intercambiaron información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes.
En este sentido, la fiscal Ernestina Godoy señaló que la detención en Florida se debe a la situación migratoria de Inés “N”, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses. En caso de que se determine su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión cuando llegue a México. Las investigaciones apuntan a un esquema en el que se utilizaron empresas fantasma para desviar recursos del erario y ocultar su destino, dinero que estaba destinado a la seguridad del sistema penitenciario federal.
Asimismo, precisó que Inés “N” mantiene la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad, con apego al debido proceso.
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