Desde sus oficinas ubicadas en una de las torres corporativas más prestigiosas de Ciudad de México, con vistas panorámicas al Bosque de Chapultepec, BlackRock Inc. está observando atentamente el desarrollo económico y la potencial inversión del país.
El plan estratégico presentado por Claudia Sheinbaum para atraer grandes volúmenes de capital privado hacia proyectos de infraestructura ha generado un clima de intensa competencia entre las más importantes gestoras globales de activos. En este escenario, BlackRock busca consolidar su posición mediante su división Global Infrastructure Partners (GIP), enfrentándose a firmas rivales como Apollo Global Management Inc., que tiene previsto aportar hasta 20 mil millones de dólares destinados a proyectos mexicanos, incluyendo infraestructura crítica.
Ante esta situación, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, se ha esforzado por estrechar su vínculo con el gobierno mexicano. En abril pasado, se reunió con la Presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, acompañado del líder de GIP, para analizar el amplio plan de infraestructura nacional, el cual proyecta inversiones que alcanzarían los 5.6 billones de pesos hasta el año 2030. Esta fue la segunda vez que Fink visitaba a la mandataria desde su toma de posesión presidencial a finales de 2024. Más tarde, en junio, Sergio Méndez, director de BlackRock en México, mantuvo conversaciones con altos funcionarios federales y representantes de otras gestoras de activos para examinar modelos de vehículos financieros aplicables a proyectos de infraestructura.
La agenda de reuniones también incluyó a ejecutivos de KKR & Co., Blackstone Inc., Macquarie Asset Management, Copenhagen Infrastructure Partners, Mexico Infrastructure Partners y Alom Infra, quienes se reunieron con diversas autoridades gubernamentales mexicanas.
En cuanto al enfoque estratégico del gobierno, la prioridad ha recaído en los proyectos energéticos necesarios para el fortalecimiento integral de la red eléctrica nacional. En los meses recientes, desarrolladores provenientes de Estados Unidos, Europa y México han mostrado un compromiso por inyectar miles de millones de dólares en el sector energético, superando significativamente las cifras totales registradas durante la gestión anterior.
No obstante, según fuentes dentro del ámbito financiero y ejecutivo, aún no se ha concretado la materialización de los mega-proyectos multimillonarios que buscan atraer las principales gestoras. A pesar de este panorama general, BlackRock logró avances en el desarrollo de iniciativas de menor envergadura.
Específicamente, en junio, Atlas Renewable Energy, propiedad de GIP, fue seleccionada para llevar a cabo un importante acuerdo público enfocado en la edificación de la planta solar Concepción Mendizábal, nombrada en honor a la primera ingeniera mexicana. Las fuentes informaron que los detalles contractuales de este proyecto, situado en el norte del país, aún están pendientes de cierre.
En otro avance relevante, dos meses antes, el conglomerado minero y ferroviario Grupo México finalizó un acuerdo para fusionar sus operaciones de generación eléctrica con Saavi Energía, una filial que pertenece a BlackRock. Además, otras personas cercanas a la estrategia corporativa han revelado que la firma está interesada en adquirir nuevas unidades dentro del sector eléctrico mexicano, actualmente atravesando un proceso de consolidación; si bien estos planes son ambiciosos, su concreción no garantiza el éxito.
Los gestores de activos alternativos enfrentan retos considerables debido a la política energética nacionalista de México, que exige que el Estado mantenga una participación mayoritaria en dichos activos. La legislación vigente obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a conservar al menos un 54% del total de las centrales eléctricas, un requisito que históricamente ha dificultado la entrada de capitales y complicado acuerdos comerciales con Estados Unidos.
Adicionalmente, una preocupación creciente entre los inversores es la reciente reforma constitucional que autorizó la elección popular de jueces, ministros y magistrados en México. Existe el temor de que estos nuevos funcionarios judiciales puedan favorecer al partido gobernante o a su coalición política, que cuenta con mayoría legislativa amplia.
A pesar de los múltiples obstáculos regulatorios y políticos, muchos analistas consideran que las condiciones actuales representan un momento más propicio para la inversión en México comparado con años anteriores. De hecho, Fink había señalado en mayo que Latinoamérica se estaba recuperando de una prolongada etapa de “tiempo perdido”, caracterizada por cambios geopolíticos constantes.
BlackRock posee una presencia histórica y consolidada en América Latina, habiendo reforzado su negocio tradicional de administración de activos con la adquisición del servicio Citibanamex México en 2018. Su vínculo con el sector ha sido profundo, ejemplificado incluso por la participación de Marco Antonio Slim Domit, hijo del empresario Carlos Slim, quien formó parte del consejo directivo durante más de diez años.
Actualmente, el esfuerzo gubernamental mexicano por flexibilizar y ampliar espacios para la inversión en infraestructura está favoreciendo directamente otras líneas de negocio de BlackRock, especialmente las relacionadas con GIP. En un contexto previo, tras las grandes expectativas generadas en 2013 con la apertura del sector energético, estas esperanzas disminuyeron drásticamente en 2018, cuando el gobierno bajo López Obrador paralizó la participación privada y fortaleció a Pemex y CFE, enfocándose más en refinerías (con una planta de $20 mil millones) que en nuevas fuentes de generación eléctrica.
Las secuelas de esta política son evidentes; Rosanety Barrios, exfuncionaria regulatoria del sector energético, señaló un “déficit alarmante de infraestructura energética” en el país. Esta carencia representa precisamente la oportunidad clave para GIP, que tomó control de Saavi en 2021. En paralelo, Grupo México anunció la compra de una participación del 70% en Saavi y su subsiguiente fusión con sus propias unidades eléctricas.
La decisión de GIP de mantener una cuota del 30% en Saavi —en lugar de retirarse— sugiere, según fuentes cercanas a la estrategia corporativa, una intención clara por parte de BlackRock de expandir sus compromisos de inversión a largo plazo dentro de México. Más allá de la energía, la gestora también busca incursionar en plataformas logísticas vitales como puertos marítimos y sistemas ferroviarios.
Para ejecutar esta estrategia de expansión, se espera que aproveche su tamaño e influencia global para obtener el respaldo activo de la actual administración presidencial. El economista jefe del Grupo Financiero Mifel, Sergio Luna, comentó que una entidad del calibre de BlackRock posee la capacidad necesaria para dialogar directamente con las más altas esferas del gobierno.
Por su parte, Ana Lilia Moreno, experta en México Evalúa, explicó que Sheinbaum busca un equilibrio delicado: apertura a capitales privados vía proyectos respaldados por el Estado, sin desmantelar los pilares constitucionales energéticos establecidos previamente. Como señala la asesora, las reglas son claras: si un proyecto es considerado de interés estratégico para el gobierno, este se compromete a garantizar su éxito y agilizar todos los procesos regulatorios. Esta promesa representa una oportunidad tangible para inversores como BlackRock.
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