Varios medios difundieron imágenes que presuntamente muestran al alcalde de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego en la vía pública durante un supuesto festejo.
Las imágenes, compartidas en redes sociales, capturan al edil accionando un arma de fuego en un lugar con presencia de ciudadanos, lo cual implica un riesgo para quienes se encuentran cerca. El disparo al aire puede resultar en proyectiles que caen y causan lesiones, poniendo en peligro a los habitantes.
El hecho se suma a la preocupación sobre la seguridad en el municipio. Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó sobre la actividad de grupos criminales en San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Estos fueron acusados de portación ilegal de una pistola 9 milímetros.
El 26 de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército. Sin embargo, estos incidentes continúan generando preocupación entre los ciudadanos.
En otra noticia, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que en el segundo periodo de su gobierno, el 100% de la obra pública se contratará con constructores potosinos. Esto se aplica a más de 240 obras realizadas en cinco años, con un promedio de entre 96 y 98% de obras locales. Galindo justificó esta política como una forma de mantener el dinero en la economía local y garantizar la calidad a través de una garantía de tres años.
El alcalde también comentó que esta política de contratación se mantiene como una estrategia económica, argumentando que la obra pública es un detonador económico y que el dinero invertido en el estado “derrama” hasta tres o cuatro veces, además de crear empleo.
Un reporte del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAIPPDPE) 2025, publicado por el INEGI, revela que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en San Luis Potosí, con un presupuesto de 25.9 millones en 2024, recibió 392 solicitudes de información, distribuidas entre acceso a la información y protección de datos personales. El organismo no impuso sanciones en 2024, en contraste con los 1494 sanciones impuestas en 2022.
En el sector productivo, el diputado César Arturo Lara Rocha, señaló que la mayoría de las empresas en San Luis Potosí cuentan con las condiciones para cumplir con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año a tiempo, previendo un cierre de año sin contratiempos en esta materia.
Finalmente, se menciona que a partir de enero de 2024, ya no se cobrarán estacionamientos en centros comerciales en la entidad, y se da noticia sobre la disputa por el “triángulo dorado” en San Luis Potosí, con detalles de una nueva apertura de un club secreto en el Centro Histórico y el adelanto del aguinaldo para El Buen Fin.
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