La administración Trump modifica significativamente sus propuestas iniciales sobre la supervisión regulatoria de inteligencia artificial, reduciendo los plazos de revisión voluntaria de 90 a “no más de” 30 días. Además, se excluye cualquier requerimiento obligatorio de licencias o permisos federales. Según David Sacks, el asesor de IA de la Casa Blanca, esta medida busca evitar una regulación excesivamente intrusiva que perjudicaría la competitividad tecnológica estadounidense.
Esta orden ejecutiva mantiene un marco colaborativo entre el gobierno federal y las empresas de IA para evaluar modelos antes del lanzamiento. No obstante, los plazos se acortan drásticamente, pasando de 90 días a un límite máximo de 30 días. La redacción final enfatiza que ninguna disposición implica un régimen obligatorio de licencias o permisos federales.
El lobby tecnológico ejerció una fuerte presión sobre Sacks y los asesores más cercanos al presidente, convenciéndolos de que una regulación excesiva perjudicaría la competitividad estadounidense frente a China. La orden resultante se presenta como una declaración de principios: “Estados Unidos sigue liderando el mundo en IA porque nos negarnos a estrangular la innovación con regulaciones excesivamente gravosas”.
Además, el documento crea un clearinghouse interagencial de ciberseguridad centrado en IA, dirigido por el Departamento del Tesoro. Este punto de encuentro voluntario permite una coordinación entre el sector privado, los operadores de infraestructuras críticas y las agencias federales para escanear vulnerabilidades y remediar problemas.
El clearinghouse tiene potencial como un instrumento de inteligencia defensiva, pero su efectividad depende de la voluntad de las empresas para participar. La NSA desarrollará indicadores clasificados para detectar capacidades avanzadas de ciberataque, aunque las compañías decidirán si se someten a estas pruebas.
Esta orden ejecutiva tiene implicaciones directas para la seguridad nacional y la OTAN. Si los modelos de IA se lanzan sin una revisión exhaustiva, pueden convertirse en armas de inteligencia de señales en manos de servicios extranjeros. El historial del sector muestra descuidos similares, como el caso SolarWinds.
Las agencias involucradas incluyen al Departamento del Tesoro, la CISA, la NSA y otras entidades. Quien ataca u obtiene ventaja estratégica será cualquier servicio hostil con capacidad tecnológica; quien defiende es, en teoría, el sistema de inteligencia estadounidense, pero ahora con una mano atada por la no obligatoriedad.
El nivel de clasificación de los benchmarks desarrollados por la NSA se estima entre Secreto y Top Secret. Este blindaje contrasta con la total voluntariedad del programa. El mercado confiará en que las tecnológicas protejan a sí mismas, mientras el espionaje enemigo acelera.
El próximo informe del Director Nacional de Inteligencia sobre amenazas anuales dará más claridad sobre si esta desregulación preocupa en Langley o se ve como un triunfo geoeconómico. Mientras tanto, la responsabilidad recae en las propias tecnológicas para decidir qué revisar y cómo hacerlo.
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