La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la estrategia federal de búsqueda de personas desaparecidas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, negando cualquier omisión estatal.
En la Tercera Comisión de la organización internacional, Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, explicó que la actual administración no tolera la desaparición forzada en ninguna de sus formas, distinguiéndose del pasado cuando el delito se relacionaba más con las instituciones de poder.
Se alegó que los casos modernos de desaparición se encuentran principalmente relacionados con el crimen organizado, aunque se reconoció la existencia de complicidades aisladas en el ámbito municipal.
Para combatir las acusaciones de omisión, se informó que durante el presente año se han realizado más de 16,000 búsquedas inmediatas mediante la Alerta Nacional de Búsqueda, la mayoría de las cuales han concluido con personas localizadas con vida.
Además, se implementó un panel científico para auditar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, mejorando el esquema del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana y fortaleciendo la coordinación con fiscalías estatales.
A pesar de estas acciones, las críticas provenientes de organizaciones civiles persistieron, con el Centro Prodh denunciando la concentración del debate en el cuestionamiento de cifras en lugar de reconocer fallas fundamentales como la impunidad y la alianza entre criminales y autoridades locales.
El retiro de colectivos de búsqueda del recinto de la ONU, luego de exhibir imágenes de familiares ausentes, se interpretó como una señal de falta de transparencia real. La organización recordó que el informe internacional documentó indicios de prácticas sistemáticas de desaparición forzada.
Aunque existe desacuerdo entre el comité y el gobierno, el expediente sobre la crisis de desaparición forzada seguirá abierta dentro de los mecanismos de seguimiento de la Asamblea General.
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