En el marco de un controvertido escándalo, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de grabaciones en las que se la vincula con supuestos intentos de ayudar a los escoltas detenidos por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. Las conversaciones, datadas del 25 de noviembre de 2025, sugieren que la autoridad municipal intervino en el caso para asistir a los familiares de los agentes y facilitarles apoyo legal y material durante su reclusión. La grabación involucra a Samuel García Rivero, un exfuncionario municipal que actuaría como intermediario entre el Ayuntamiento y los familiares de los policías detenidos. En la conversación, se mencionan gestiones relacionadas con la representación legal de los agentes y la entrega de artículos personales al interior del centro penitenciario. Estos audios, que han sido divulgados, han generado un amplio cuestionamiento sobre las acciones realizadas y su impacto en el caso.
Los siete escoltas enfrentan un proceso judicial por su presunta responsabilidad en el crimen de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar si existieron omisiones o colaboraciones que facilitaran el ataque. La difusión de los audios ha añadido un nuevo elemento a la controversia que rodea el caso, elevando la tensión en torno a los posibles vínculos entre los funcionarios municipales y las personas investigadas. Samuel García Rivero, detenido por su presunta participación en los hechos relacionados con el asesinato y por posibles filtraciones a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, también ha adquirido relevancia en las conversaciones. Sin embargo, su contenido deberá ser analizado y verificado en las indagatorias correspondientes.
La difusión de estos señalamientos coloca a Grecia Quiroz nuevamente bajo el escrutinio público, en un caso que continúa generando repercusiones políticas y judiciales. La existencia de los audios no constituye, por sí sola, una prueba definitiva de responsabilidad penal para la alcaldesa. Es necesario esclarecer el contexto de las conversaciones y verificar los hechos mencionados. Mientras tanto, la investigación por el asesinato de Carlos Manzo sigue siendo uno de los asuntos de mayor impacto en Michoacán.
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