En el análisis de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la red criminal que se formó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Número 2 es identificado como el general Audomaro Martínez, originario del mismo estado que López Obrador, Tabasco. Su relación con el general comenzó en los años 80, cuando el general estaba en la 30ª Zona Militar en Villahermosa. Durante la década siguiente, se convirtió en su inseparable confidente, especialmente en contextos de campañas para gobernador y posteriormente para presidente. Posteriormente, López Obrador lo nombró director del Centro Nacional de Inteligencia, y juntos construyeron un complejo esquema criminal que abarca áreas políticas, de seguridad y diplomáticas.
Aunque existen tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos debido a un incidente en el que Martínez entregó información sensible de los agentes estadounidenses a la Embajada de Rusia, estas preocupaciones se mantienen inexploradas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Recientemente, testigos cooperantes, algunos de los cuales fueron expulsados de Estados Unidos, han proporcionado evidencias que vinculan directamente a Martínez con actividades criminales, incluyendo el contrabando de combustible, un fenómeno conocido como huachicol.
Martínez ha logrado mantenerse fuera del radar público durante muchos años, pero las preocupaciones sobre su papel en la estructura criminal persisten. Según fuentes estadounidenses, Martínez ocupa el segundo lugar en la jerarquía criminal, con el presidente López Obrador en el primer lugar. Los subalternos, Números 3 y 4, incluyen al senador Adán Augusto López Hernández y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota. Los restantes incluyen figuras cercanas al gobierno y líderes de Morena.
Las nuevas informaciones sobre Martínez, derivadas de las investigaciones en Estados Unidos, son alarmantes. El senador Manuel Velasco ha usado este escándalo para debilitar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una maniobra que busca desacreditarlo y presionar a la presidenta Sheinbaum. Además, se sospecha que Martínez y Carmona, un empresario tamaulipeco vinculado a Morena, estaban en constante comunicación. Carmona, asesinado en 2021, era el enlace entre Martínez y los cárteles mexicanos, según informes de inteligencia.
Las implicaciones son severas, ya que si se confirman las acusaciones, podrían extenderse a figuras importantes del gobierno y del partido Morena, incluyendo al exdirigente Mario Delgado y al actual diputado Pedro Haces. Asimismo, Martínez ha sido cuestionado por su relación con la inteligencia rusa, lo que ha llevado al Departamento de Estado a emitir un informe detallado sobre el papel de México en el espionaje ruso en América Latina.
Esta investigación actual representa una amenaza real para el gobierno mexicano, sobre todo para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos tiempos. La presión sobre Martínez y su red criminal es significativa, y su futuro en el gobierno está en cuestión.