Massachusetts, Estados Unidos – Seis individuos fueron acusados de supuestamente operar una estructura criminal para engañar en matrimonios falsos durante una década, con el objetivo de ayudar a inmigrantes a obtener un estatus legal, a cambio de cantidades que llegaban a 40,000 dólares. La líder del supuesto esquema es Jennifer González, de 43 años, residente de Fall River y ciudadana estadounidense. De acuerdo con las acusaciones, González supervisaba la organización de hasta 20 bodas ficticias, generando ingresos millonarios.
Cinco de los acusados fueron detenidos en la mañana del miércoles, mientras que el sexto individuo permanece en prisión estatal por cargos relacionados con armas de fuego. González, identificada como la figura central, pagaba a otras cinco personas para participar en las ceremonias, algunos de los cuales habrían contraído matrimonio múltiples veces como parte del plan. Cada inmigrante pagaba entre 38,000 y 40,000 dólares para acceder al presunto beneficio migratorio.
Según la acusación, González utilizó parte de los ingresos para comprar negocios y propiedades en la República Dominicana. También se le señala de supuestamente haber abusado de beneficios públicos, incluyendo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). González compareció ante un tribunal por primera vez el miércoles, y se programó una audiencia para el viernes para determinar su estatus de detención durante el proceso judicial.
El caso se suma a otros procedimientos en curso en Estados Unidos por engaños en matrimonios, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo el gobierno de Donald Trump. En agosto, otras 11 personas fueron acusadas de participar en un esquema similar que presuntamente permitió a cientos de ciudadanos chinos obtener tarjetas de residencia permanente mediante matrimonios falsos, a cambio de hasta 30,000 dólares por enlace.
Las autoridades sostienen que este tipo de operaciones desafían los procedimientos legales migratorios y dificultan los trámites para aquellos que buscan obtener la residencia de manera legal. El caso sigue abierto, y las investigaciones continúan sobre eventuales irregularidades relacionadas con solicitudes de beneficios de vivienda y desempleo.
Hasta el momento, los inmigrantes que presuntamente contrajeron matrimonio como parte del esquema no han sido acusados en este caso.
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