La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tomaron acciones disciplinarias contra 22 funcionarias y funcionarios públicos el 9 de septiembre de 2026, tras investigaciones que incluyeron faltas administrativas graves y no graves en diversos órganos federales. Las sanciones variaron desde destituciones hasta multas de hasta 967 mil pesos.
Las investigaciones, lideradas por Órganos Internos de Control y, en casos particulares, por la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), revelaron diversas irregularidades que llevaron a las determinaciones finales. Los expedientes correspondían a transgresiones que oscilaban desde el manejo irregular de fondos hasta la falsificación de documentos.
La sanción más severa correspondió a Yazmín B., exempleada del Banco del Bienestar en Villa Benito Juárez, Sonora. Durante 2023, registró un saldo final de un millón de pesos a través del usuario asignado, a pesar de que el arqueo reportó solo 45 mil pesos. Esta transgresión la llevó a una inhabilitación de 10 años, destitución y una multa de 961 mil pesos.
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Yuliana N. y Silvia N., que trabajaban en la Central de Ciclo Combinado Tula, fueron destituidas por aprobar y firmar una evaluación para contratar transporte de personal por 5 millones de pesos, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos establecidos. Este caso también resultó en una suspensión de 30 días y una multa de 6 mil pesos.
El Hospital Nacional Homeopático, bajo la Secretaría de Salud, vio a Juan V. inhabilitado por un año y sancionado con 6 mil pesos por presentar un documento médico para justificar seis días de ausencia laboral en 2023. Por su parte, Manuel F., trabajador en Mexicali del SAT, fue suspendido 30 días por no atender oportunamente un fallo relacionado con un procedimiento fiscal, lo que retrasó el cobro de un adeudo de 87 mil pesos.
El TFJA se encargó de las faltas administrativas graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se ocupó de los procedimientos por faltas no graves, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre las sanciones por faltas no graves, destacan casos relacionados con Pemex, Salud, Cultura, Hacienda, Economía, IMSS-Bienestar, Guardia Nacional, IMSS, Banjército, ISSSTE y Financiera para el Bienestar, así como INDEP.
En la Guardia Nacional, cinco elementos fueron destituidos por usar certificados escolares falsos en 2024 para trámites vinculados con licencias de portación de armas y evaluaciones internas. También se resolvieron expedientes por hostigamiento y agresión sexual, con inhabilitaciones y suspensiones según cada caso.
Humberto L., trabajador de Banjército, fue inhabilitado un año por solicitar 12 mil 500 pesos a un ciudadano con la promesa de conseguirle empleo. En la Secretaría de Economía, Sonia J. recibió una suspensión de seis días por modificar en 2025 un justificante laboral, incluyendo el escudo nacional, firmas y fechas.
Finalmente, en la Casa de Moneda de México, dos empleados fueron suspendidos por irregularidades en la contratación de un software cuyo valor reportado era de 283 mil pesos. Las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones a través de los procedimientos legales establecidos, con el apoyo de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control, que presentan los expedientes al órgano competente cuando existen elementos suficientes para tomar acciones disciplinarias.
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