El jueves 17, a primera hora de la mañana, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, anunció con gran pompa en su cuenta de X la incautación de 59 millones de litros de supuesto hidrocarburo. Esta cifra, que al principio pareció sorprendente, equivalía a unos 370 mil barriles de petróleo, aproximadamente la producción diaria de una refinería. La noticia sobre los hechos en la comunidad de La Fragua se extendió rápidamente y se definió como la mayor incautación de combustible ilegal en la historia. Sin embargo, menos de 13 horas después, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado para confirmar que “se había encontrado más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, aunque no se ha podido acreditar su origen”.
El problema es que la narrativa oficial no sostiene la inspección. Según la cronología oficial, la intervención de las autoridades federales y estatales en la planta no tuvo lugar el 17 de septiembre, sino casi dos semanas antes, el 4 de septiembre. En ese día, agentes de la FGR se presentaron en el predio tras un seguimiento derivado de la detención de una pipa en San Luis de la Paz. Las autoridades inspeccionaron la instalación durante un par de días, revisaron la documentación y se retiraron sin clausurar la planta. Cuando se informó del decomiso como una operación recién ejecutada, la terminal había estado funcionando normalmente durante varios días.
Además, el fondo del asunto es insostenible. Menos de 24 horas después del anuncio, la empresa operadora de las instalaciones, Gas Natural del Noroeste —filial de Grupo SIMSA—, ofreció una aclaración que destapó la fragilidad del expediente. La compañía sostuvo que la Terminal de Almacenamiento y Suministro opera con pleno respeto a la ley desde 2017, y cuenta con un permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía con vigencia de tres décadas, junto con todas las autorizaciones ambientales de la ASEA y de transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La empresa ha sido proveedora de Pemex y es clave en la logística energética del Bajío.
Lo crucial es la naturaleza del negocio: la terminal presta un servicio público de almacenamiento para terceros. La empresa no es propietaria de los 59 millones de litros guardados en sus contenedores; el producto pertenece a empresas comercializadoras e importadoras. Si hubo alguna falla en la documentación aduanal, discrepancias en el pago de impuestos o problemas de trazabilidad del combustible, la responsabilidad recae en los importadores, no en la instalación que custodia el material.
Presentar el inventario total de una planta privada debidamente permisionada como si fuera un botín clandestino es un despropósito. La rápida necesidad de fabricar un éxito político a corto plazo, en vista de una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato, terminó por desacreditar la propia investigación ministerial. Al final, el operativo anunciado como histórico se convirtió en un fiasco informativo donde la búsqueda de visibilidad precedió a la verdad legal.
Otro ejemplo de prisa por presumir fue la respuesta rápida a un escándalo diplomático y mediático causado por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte. El crimen obligó a la autoridad mexicana a actuar con una urgencia que rozó lo grotesco. En un intento por demostrar eficiencia ante las presiones de Madrid y el escrutinio de la prensa, se realizó la detención de Francisco Javier “N”, alias El Trompas. Sin embargo, las imágenes de la detención revelaron la fragilidad de nuestro sistema de justicia: el presunto responsable del crimen fue exhibido y trasladado amarrado en la batea de una camioneta tipo pick-up, sin los protocolos elementales de custodia. Un procedimiento tan inadecuado no transmite confianza frente al crimen. Lo que hace es debilitar el debido proceso y comprometer el caso antes de llegar al juzgado.
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