En Guanajuato, una protesta organizada por integrantes del Movimiento Nacional Taxista llegó a su punto álgido en las calles de la capital del estado. Los manifestantes exigen que las autoridades estatales aplicuen estrictamente la normativa vigente en materia de transporte y retiren del circulante a aquellos vehículos que ofrecen servicios a través de plataformas digitales sin estar debidamente registrados.
Samuel Aguilar, delegado estatal del Movimiento Nacional Taxista, dejó claro que el reclamo principal no se dirige contra las plataformas en sí mismas, sino contra los vehículos que operan al margen de la ley, ofreciendo servicios en las calles sin cumplir con los requisitos necesarios.
Aguilar enfatizó que el objetivo no es combatir la competencia o las plataformas digitales, sino garantizar que todos los operadores del transporte estén bajo la misma regulación y cumplan con las normas establecidas. Enfatizó que el sector tradicional de taxis de la ciudad tiene su base en la ley y resiente la falta de aplicación de la normativa en estos casos.
Según las estimaciones de Aguilar, en la capital del estado, existe un número significativo de vehículos registrados (aproximadamente 400), así como un número mayor, entre 700 y 800 vehículos, que no cuentan con registro ante la autoridad, lo que genera un problema de equidad y seguridad en el servicio de transporte público.
Además, el dirigente del Movimiento Nacional Taxista denunció presuntos actos de corrupción dentro de la Dirección General de Transporte, refiriéndose a casos específicos de denuncias presentadas ante instancias estatales que no han sido resueltas adecuadamente. Señaló la necesidad de una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, para entregar documentación relacionada con estas denuncias y trabajar hacia un acuerdo que resuelva las inquietudes del sector.
Aguilar también insistió en la solicitud de reunirse con la gobernadora antes del 28 de septiembre, caso contrario, se manifestarían durante el desfile cívico militar que conmemora la toma de la Alhóndiga de Granaditas, como último recurso para hacer escuchar sus peticiones y denuncias.
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