TIJUANA, BC.- La Fiscalía General de Baja California ha confirmado la existencia de cárteles inmobiliarios en la ciudad, en algunos casos vinculados con la delincuencia organizada, según la fiscala General de Baja California, María Elena Andrade Ramirez. Se identifican cinco casos con seis detenidos por la adjudicación de terrenos, casas y fraccionamientos.
Andrade Ramirez reconoció que el número de casos de fraude inmobiliario podría ser mayor, ya que existen raíces que se han dejado crecer. Para abordar este problema, se anunció la creación de la Unidad Especializada en Fraude Inmobiliario, que se dirigirá contra toda esa red, incluyendo a funcionarios del Registro Público de la Propiedad, notarías y autoridades.
Uno de los casos más notables es el de Laderas del Mar en Playas de Tijuana, donde un grupo violento se apoderó de un fraccionamiento con 51 viviendas en las calles Alta Mar y Baja Mar. Los detenidos Christian Pablo, Emanuel Aurelio de Grupo Logística y Coordinación Tijuana Norte, Sandra y Miguel Ángel, que son acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, están en proceso penal por delitos de despojo, extorsión agravada y asociación delictuosa. Estos se arrestaron en marzo de 2026.
En otro caso, una sola persona identificada como Carlos, cuenta con ocho imputaciones por fraude inmobiliario y se encuentra bajo prisión preventiva como medida cautelar. El entramado de este delito es complejo, involucrando despojos e invasiones armadas, y se ha revelado que ex funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, José Antonio Morán y Alberto Zamarrón Niño, fueron detenidos en agosto de 2026 por emitir documentos de supuestas compraventas. Un tercer detenido, el analista Diego García López, no fue vinculado a proceso.
Además, hay una investigación administrativa en curso contra tres funcionarios del Poder Judicial del Estado. Otros casos de fraude inmobiliario se han extendido a otras ciudades de Baja California, no solo afectando a quienes ocupan las viviendas, sino a un conglomerado de personas que cometen fraudes relacionados con la propiedad.
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