Esta semana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmaron un convenio que ha pasado desapercibido, pero que tiene una importancia capital. El acuerdo se centra en la interconexión de sistemas de información, otorgando acceso a la Guardia Nacional a la Plataforma Central de Inteligencia.
El convenio fue suscrito por el general Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de potenciar las investigaciones contra el crimen organizado. Este convenio permitirá que los sistemas operativos, bases de datos y registros administrativos de la Guardia Nacional se vinculen directamente con los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Con la capacidad de cruzar los datos de campo de la Guardia Nacional con el sistema central, las autoridades de ambas instituciones podrán identificar con mayor precisión patrones delictivos, estructuras financieras y vínculos de organizaciones criminales. El principal propósito es generar “datos de prueba” sólidos para que las detenciones se traduzcan en vinculaciones a proceso efectivas ante los jueces. Es un aspecto crucial, ya que cerca del 50% de los detenidos por delitos de alto impacto no terminan tras las rejas o con las condenas que deberían tener.
Se puede preguntarse cómo, tras cuatro décadas de lucha contra el crimen organizado, las plataformas de inteligencia no estaban interconectadas. Esta es una deficiencia evidente durante todos estos años y un espacio que ha permitido ineficiencias y corrupción. Aunque existan diferentes agencias, civiles y militares, como en Estados Unidos, donde hay 18 agencias de información e inteligencia operando simultáneamente, después del fracaso de los atentados del 11-S se creó la Oficina del director de Inteligencia Nacional, que supervisa toda la comunidad de inteligencia, información y contraterrorismo y asesora directamente al presidente. El actual director es Jay Clayton, exfiscal del sur de Nueva York, quien realizó investigaciones clave en contra de los narcopolíticos de Sinaloa.
Este esquema de colaboración, junto con el mensaje político que envía al ser presentado conjuntamente por García Harfuch y el general Trevilla, es crucial para lo que viene. En términos legales, en 2028 las Fuerzas Armadas tendrán que dejar todas las tareas de seguridad pública. Estas responsabilidades quedarán en manos de las autoridades civiles y de la Guardia Nacional, que depende de la Defensa, pero que está dedicada específicamente a la seguridad pública. Las fuerzas militares sólo atenderán la seguridad interior y nacional. Por eso es tan importante el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación en todos los ámbitos con las autoridades de seguridad civiles.
El retiro militar de 2028 implica un desafío mayor. Sin policías estatales y federales eficientes, la presencia de la Guardia Nacional nunca será suficiente, esté o no coordinada por las otras fuerzas federales. La mayoría de las policías locales no son eficientes, y en los lugares en los que funciona la estrategia de seguridad, las autoridades locales han logrado crear policías eficientes y están coordinadas con las fuerzas federales. Coahuila o Yucatán son ejemplos evidentes de ello.
No se ha destinado recursos ni esfuerzos presupuestales y políticos a las policías locales durante los seis años de López Obrador, que dependieron de los gobernadores o presidentes municipales en turno para su desarrollo. La mayoría prefirió usar sus recursos en otros temas, pedir apoyo federal o coludirse con los grupos criminales. Por eso la ineficiencia y corrupción que hemos visto en muchos estados y municipios.
Desde 2020, los alcaldes perdieron el control de recursos etiquetados, que fueron exclusivamente para patrullas, chalecos y exámenes de control de confianza. Para que los militares regresen a los cuarteles en 2028, los estados deben certificar a todos sus elementos, mejorar sus salarios y adquirir tecnología de punta, metas que se ven lejanas para la enorme mayoría sin una fuerte intervención y apoyo federal. El paquete económico 2027, el año previo al retiro de los militares de las calles, no muestra signos de esto.
Los estados, con una fuerte astringencia financiera y sin apoyo presupuestal federal, tampoco parecen estar en condiciones de dar por sí solos esos pasos. Recordemos que, a pesar de todo lo que vivimos, lo que invertimos en seguridad es menos de la mitad del porcentaje del PIB que destinan países como Colombia o Chile. Cuando Estados Unidos reclama que México invierta mucho más en seguridad para atacar los grupos narcoterroristas, está hablando precisamente de esto.
Por eso, entre otras razones, el acuerdo establecido entre la Defensa y la secretaría de seguridad federal es un paso importante. Comienza a unificar sistemas e información de distintos ámbitos para coordinar mejor esas acciones. Pero no nos engañemos: falta mucho por hacer y el 2028 ya está en el horizonte.
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