En septiembre, la cifra oficial subió a 14,072 casos de personas desaparecidas, una cifra que refleja las graves carencias del Estado para abordar el problema. Sin embargo, colectivos como Amor por los Desaparecidos sostienen que la realidad supera esa estadística en un porcentaje superior al 100%.
Edith González, presidenta del colectivo, explica que la mayoría de las familias no denuncian por miedo a represalias, temor latente o desconfianza en los ministerios públicos. Según ella, el número real de casos es más del doble de la estadística oficial.
González también destaca que en Reynosa se reportan casi 500 casos de desaparición forzada anualmente, sumándose unos 100 casos de secuestro, con una cantidad significativa de familias que no presentan denuncias.
Desde el inicio de 2026, Amor por los Desaparecidos ha llevado a cabo 124 búsquedas de campo en diversos municipios, localizando 44 fosas clandestinas y sitios de exterminio. En muchos casos, la identificación genética es difícil debido a la incineración de cuerpos y la lentitud institucional.
En lo que va de 2026, se han registrado 856 reportes de desaparición, de los cuales 615 personas han sido localizadas y 241 continúan desaparecidas. Las herramientas de monitoreo civil, como Red Lupa, muestran que el número de personas desaparecidas en Tamaulipas pasó de 12,033 en 2022 a 13,850 en agosto de 2026, un aumento de 1,817 registros.
Red Lupa también reporta una tendencia constante al alza desde 2010, con picos en 2011, 2012 y 2017. La distribución territorial sitúa a Reynosa como el municipio con más casos, seguido de Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico.
La crisis de desapariciones afecta especialmente a jóvenes y adultos en edad productiva, con un 30% de los casos en el rango de 20 a 29 años y un 32.3% de mujeres en edades entre 15 y 24 años. Asimismo, se reportan desapariciones de 11 niñas entre enero y mayo del año en curso.
El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, reconoció la gravedad de la situación y anunció el fortalecimiento de células de búsqueda y la incorporación de herramientas tecnológicas. También se ha incrementado el número de asesores jurídicos para brindar apoyo a las familias.
Uno de los proyectos centrales es el Centro de Identificación Humana, que se espera comience operaciones en 2027, aunque su impacto dependerá de los recursos y la coordinación interinstitucional. Las autoridades señalan que el primer informe a las familias es crucial y que las primeras horas son determinantes.
Para las familias que aún esperan respuestas, la situación continúa siendo desafiante, con la necesidad de acciones oficiales que traduzcan en información verificable y respuestas a las demandas de justicia y verdad.
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