La memoria histórica del Partido Revolucionario Institucional resguarda una lección fundamental aprendida desde los albores del siglo actual. Consiste en adelantarse a los tiempos electorales y apresurar la definición de las candidaturas, una maniobra diseñada específicamente para acotar el margen de maniobra de aquellos militantes rezagados que, al quedar fuera de la contienda, podrían convertirse en piezas sumamente atractivas para las fuerzas opositoras.
Durante las últimas décadas del siglo pasado, específicamente en los años ochenta y noventa, se registró una constante fuga de perfiles políticos. En aquellos tiempos, la narrativa común apuntaba a que las agrupaciones de oposición permanecían expectantes, atentas a recoger las migajas o los liderazgos que se desprendían de la entonces hegemonía partidista que gobernaba el país.
El objetivo de los rivales era captar a aquellos cuadros que, sintiéndose con el derecho legítimo y la trayectoria necesaria para competir, terminaban relegados por las decisiones de la cúpula oficialista. Este fenómeno resultaba todavía más delicado cuando los aspirantes descartados ya habían consolidado estructuras de apoyo y contaban con el respaldo de patrocinadores financieros listos para la batalla.
Este panorama desvela uno de los laberintos más complejos de la política interna de cualquier partido. ¿Cuál es el destino ideal para los perfiles que no resultan favorecidos en la encuesta o designación, especialmente cuando estos poseen un capital político real, competitividad demostrada y los recursos necesarios para fracturar las posibilidades de éxito del abanderado oficial en una alcaldía o diputación?
En el periodo gubernamental de Manuel Cavazos Lerma, la directriz frente a estas pugnas era categórica y sin matices. El exmandatario solía apelar a la sumisión institucional, exigiendo disciplina partidista inmediata mientras elevaba la mirada con solemnidad, para luego pronunciar dilatados discursos sobre la trascendencia de preservar la cohesión y la unidad interna.
No obstante, dicha retórica resultaba insuficiente para contener las ambiciones reales. Si los precandidatos excluidos gozaban de una base social sólida y solvencia económica, simplemente ignoraban las amonestaciones de la dirigencia para buscar cobijo en otras plataformas políticas que les abrieran las puertas de par en par.
Para cumplir con este propósito de refugio político, históricamente existieron siglas como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Cardenista o el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Posteriormente, esa misma función de captación de disidentes fue asumida por otras marcas electorales como el Partido Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social, entre otros.
Existe una anécdota que ilustra la antigua visión de las dirigencias: en una ocasión, al cuestionar a Tomás Yarrington sobre el destino que debía dársele a un cuadro político que había generado altas expectativas para una diputación y que finalmente fue excluido de las listas, su respuesta fue tajante al sugerir que lo enviaran a realizar tareas irrelevantes o menores.
Sin embargo, la estrategia gubernamental experimentó una evolución notable bajo la gestión del propio Yarrington y, de manera más evidente, con Eugenio Hernández. En esos periodos se perfeccionó la técnica de otorgar compensaciones políticas a los aspirantes frustrados, integrándolos en las planillas municipales como regidores o síndicos, o bien acomodándolos en el aparato estatal.
Estas acciones no derivaban de un sentimiento de compasión o generosidad, sino de una estricta y fría estrategia pragmática. La lógica subyacente indicaba que la exclusión total empujaba inevitablemente a los inconformes hacia las filas contrarias. En términos llanos y directos, se prefería mantener a los competidores dentro de la estructura para evitar que sus ataques se dirigieran contra el propio proyecto oficialista.
De ahí deriva la enorme relevancia de desactivar las inconformidades de los aspirantes con la mayor celeridad posible. Anticiparse a los tiempos políticos se vuelve crucial, pues postergar las definiciones solo permite que los liderazgos locales acumulen mayor fuerza social y económica, lo que, en palabras del recordado político Rubén Narváez, encarecía significativamente el costo de pedirles que se retiraran a la vida privada.
Las repercusiones de una fractura interna suelen ser sumamente destructivas para cualquier proyecto electoral. Los registros históricos confirman que los perfiles derrotados en una contienda de selección difícilmente aceptan la sumisión pasiva y mucho menos se resignan a ser apartados del escenario público sin presentar resistencia.
No obstante, la actual dirigencia de Morena en Tamaulipas dista mucho de poseer el oficio político y la sagacidad que caracterizaron a la vieja guardia priista. En su momento, el gobernador Américo Villarreal Guerra contó con operadores de gran calibre al frente del partido, hombres de fuerte temperamento y sólida interlocución con la militancia como Jorge Aguilera, Ernesto Guajardo y Antonio Martínez Torres.
En la actualidad, el escenario es muy distinto, al grado de que resulta complicado identificar por su nombre a quien encabeza formalmente el comité estatal del partido guinda, debido a su escaso impacto en la escena pública. Esta falta de liderazgo y solidez ideológica repite el patrón de la gestión anterior, caracterizada por la ausencia de conducción firme y dirección estratégica.
Anteriormente, incluso los cuadros operativos adscritos a la Secretaría General de Gobierno intervenían activamente para apaciguar las tensiones territoriales, negociar con los perfiles inquietos y ofrecer soluciones de consenso. Hoy en día, ese tipo de operación política brilla por su ausencia, y en los pasillos gubernamentales se echa de menos la conducción estratégica que en su momento ejerció Heriberto Batres.
Un claro reflejo de este vacío de control se observa en el municipio de Victoria, donde los aspirantes a la candidatura local se conducen de manera completamente autónoma. Sin ningún tipo de contención por parte de sus liderazgos, los precandidatos realizan actividades de autopromoción, se confrontan públicamente y se obstaculizan mutuamente, desafiando abiertamente cualquier noción de disciplina interna.
El verdadero peligro reside en lo que vendrá después. Si este nivel de confrontación y desacato ocurre mientras todos comparten la misma bandera política, las consecuencias serán impredecibles cuando las candidaturas se definan y los perfiles descartados sean buscados por las coaliciones opositoras. Si Morena no implementa de inmediato un plan de contención de daños para manejar el descontento, se avecina un escenario de deserciones masivas y ruidosas.
Suele prevalecer la errónea visión de que el triunfador de la contienda interna se queda con todo el botín político, ignorando que quienes no obtuvieron la nominación conservan estructuras operativas, simpatizantes y una inercia de campaña que no se detiene de manera automática con un simple llamado a la unidad.
Este fenómeno ya se vivió en el proceso electoral del año 2016. En aquella ocasión, los nutridos grupos que respaldaban las aspiraciones de Alejandro Guevara, las estructuras movilizadas por Enrique Cárdenas, así como los equipos que apoyaban los proyectos de Marco Bernal y Alejandro Etienne, terminaron por dispersarse ante la falta de puentes de negociación.
La incapacidad de concertación de Baltazar Hinojosa desde el arranque de su campaña provocó que gran parte de esa fuerza militante terminara sumándose al proyecto de Francisco García Cabeza de Vaca. Incluso, diversos sectores del propio equipo de Hinojosa terminaron operando políticamente a favor de César Verástegui Ostos, alias “El Truko”.
Es evidente la necesidad imperiosa de diseñar un plan de contingencia para canalizar las aspiraciones de quienes queden fuera de las boletas. La proporción es preocupante: por cada candidatura asignada, quedan en el camino cuatro o cinco liderazgos inconformes. Para resolver este desafío, la dirigencia partidista requiere contar con un diagnóstico preciso y detallado del mapa político de sus cuadros, una tarea de inteligencia estratégica que hoy parece inexistente en las filas oficialistas.
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