La administración de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva del estado de Colima, en México, ha reconocido que la implementación de una ley destinada a simplificar trámites y mejorar la regulación gubernamental en su territorio, en su lugar, ha aumentado la burocracia y no ha logrado desplazar el uso de papel y trámites presenciales.
El modelo de simplificación administrativa fue introducido ocho años atrás con la publicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios, que pretendía establecer las bases de esa política en las administraciones estatal y municipal. Sin embargo, en la práctica, el diseño de la ley se centró en el análisis de impacto regulatorio y en la calidad de las normas mediante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), lo que generó nuevas cargas burocráticas y un aumento en la revisión regulatoria.
La iniciativa de reforma constitucional presentada por Vizcaíno Silva reconoce que la ley concebía la tecnología como un canal accesorio, lo que llevó a que los expedientes físicos y la presencialidad siguieran siendo la regla en la mayoría de los niveles gubernamentales. Esto significó que la entrega de documentos en papel, la integración de expedientes físicos y la necesidad de acudir personalmente a oficinas gubernamentales para realizar procedimientos, continuaron siendo prácticas habituales.
Si bien el gobierno de Colima reconoce avances en el esquema de mejora regulatoria, admite que su diseño resultó insuficiente para modificar de fondo esas prácticas. En consecuencia, el gobierno ha solicitado al Congreso del Estado la reforma del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con la finalidad de avanzar hacia un modelo de simplificación administrativa y reducir la tramitología.
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