Lima y Ciudad de México han anunciado oficialmente la reactivación de sus vínculos diplomáticos, marcando un hito en las relaciones entre Perú y México. Este acuerdo pone fin a una pausa que se había establecido desde noviembre de 2025, el motivo principal del distanciamiento fue el otorgamiento de asilo político por parte del país norteamericano.
Mediante un comunicado oficial, ambos países confirmaron que “los Gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos” han acordado restablecer sus relaciones, basándose en la profunda historia de hermandad, amistad y cooperación que ha unido a ambas naciones a lo largo del tiempo.
Posteriormente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, se detalló que el Gobierno había extendido las garantías necesarias y un salvoconducto favorable a Betssy Chávez. Esta acción se llevó a cabo cumpliendo con los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Es importante recordar que Betssy Chávez enfrentaba procesos legales relacionados con su supuesta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022, acción protagonizada por el entonces presidente Pedro Castillo. Ella se había refugiado dentro la Embajada mexicana ubicada en Lima, bajo el argumento legal de ser una persona perseguida políticamente.
El gobierno peruano precisó que conceder dicho salvoconducto no implica una renuncia a su derecho soberano. En caso de que las autoridades judiciales peruanas lo requieran y si está contemplado en los tratados vigentes entre ambos estados, Perú mantiene la facultad de solicitar eventuales procesos de extradición sobre Chávez.
Además, el Estado peruano reafirmó públicamente su compromiso con el Estado de derecho, defendiendo rigurosamente la separación de poderes y las garantías del debido proceso. Al mismo tiempo, negó cualquier tipo de persecución política contra Chávez.
Recordando los acontecimientos recientes, se precisa que el 27 de noviembre de 2025, la Sala Suprema de Justicia peruana condenó a Betssy Chávez a once años y cinco meses de prisión por el delito tipificado como conspiración para la rebelión. Esta condena ocurrió en un contexto ya de tensión bilateral desde diciembre de 2022.
Las fricciones diplomáticas se intensificaron tras la destitución y detención de Castillo, luego de su intento fallido de ejecutar un “Gobierno de excepción”, lo que generó una intervención masiva del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Posteriormente, Castillo fue encarcelado con una pena de once años por conspiración para la rebelión en Lima.
México ha adoptado una postura crítica hacia los sucesos políticos internos, considerando al expresidente como víctima de un quiebre del orden democrático. Asimismo, el país cuestionó abiertamente la legalidad y legitimidad del proceso que condujo a Dina Boluarte a ocupar la vicepresidencia.
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