España ha vuelto a chocar este martes, durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, con la oposición de al menos tres países de la Unión Europea -Alemania, Suecia y Lituania- a vincular la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego a la ampliación del bloque, tal y como defendió antes de la reunión el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro. El asunto se abordó en una cita y se despejó en tan solo siete minutos y sin ningún tipo de votación, ya que no estaba previsto ni tan solo su debate.
Sampedro apremió a la entrada de las tres lenguas cooficiales en la UE, “antes de que otras lenguas puedan incorporarse al listado de lenguas oficiales”, en referencia al proceso de adhesión, y sostuvo que España “es un gran defensor de esa ampliación” y que “para mantener las instituciones cercanas a los ciudadanos” deben incorporarse sus lenguas a las instituciones. Pero este principio, subrayó, también debe aplicarse a las lenguas cooficiales del Estado español.
“Es hora, 40 años después de la adhesión de España a la UE, de acabar con esa discriminación que sufren 20 millones de españoles”, dijo el secretario de Estado. Pero este discurso no evitó que el Gobierno se enfrentara a la oposición de al menos Alemania, Suecia y Lituania, que han intervenido en la reunión, según fuentes comunitarias, para rechazar vincular la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego con la política de ampliación.
Aunque la discusión es confidencial, estos tres países han sido muy duros a su llegada a la reunión con la postura española. Una posición que se habría visto reflejada también en las intervenciones de sus representantes en reacción a la presentación del secretario de Estado español.
Sigitas Mitkus, viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania, calificó de “inaceptable” que España vincule la oficialidad de las tres lenguas a la ampliación. Según fuentes diplomáticas, el ministro ha insistido durante la reunión en que “las cuestiones relativas a las lenguas oficiales de los actuales Estados miembros de la UE no deben vincularse a la ampliación de la Unión”.
Mitkus, sin embargo, ha agradecido que el Gobierno haya tenido en cuenta algunas de las preocupaciones planteadas por su ejecutivo. En particular, el viceministro ha destacado que España ha incluido en su propuesta salvaguardas para tener en cuenta el origen histórico de las lenguas que se reconozcan o que estas tengan que ser oficiales, antes del inicio de las negociaciones de adhesión. A los países bálticos les preocupan posibles reclamaciones de las comunidades rusoparlantes en sus países.
Mientras que la ministra saliente de asuntos europeos de Suecia, Jessica Rosencrantz, advirtió de que “una cosa es la ampliación y otra la discusión sobre las lenguas”, apuntó Rosencrantz, es una gran defensora de avanzar con Montenegro y el resto de países que están haciendo progresos, pero matizó: “No creo que estos asuntos deban estar vinculados de ninguna manera”. Por su parte, la secretaria de Estado croata, Andreja Metelko-Zgombić, mantuvo que ayudaría “si algún departamento legal” apoyara la propuesta.
Por su parte, el ministro alemán Gunther Krichbaum criticó a quienes utilizan la política de ampliación para imponer exigencias a los países vecinos y así “imponer mejor sus posturas utilizando esa baza”, y subrayó que, si se trata de una cuestión de integración, debería resolverla el Tribunal de Justicia de la UE y, si es bilateral, un tribunal de arbitraje. “En este último caso, debe quedar claro que esto no puede bloquear ni paralizar el proceso de adhesión”, avisó el ministro alemán. “El camino debe seguir adelante. Y aquí apelo a un mayor espíritu europeo”, insistió Krichbaum.
Irlanda, que vio reconocida la oficialidad del gaélico, ha sido uno de los pocos países que han respaldado abiertamente a España, más allá de un apoyo genérico a la diversidad lingüística. Sin embargo, el Gobierno irlandés ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y debe permanecer neutral.
Thomas Byrne, ministro de Asuntos Europeos irlandés, ha reconocido en rueda de prensa que sigue habiendo reservas por parte de varios países y del propio Consejo. “Los servicios jurídicos del Consejo han expresado la existencia de dificultades legales”, ha explicado Byrne, que ha puntualizado que, en último término, es una decisión política.
“Lo que les he dicho hoy a nuestros colegas españoles es que deben seguir interactuando políticamente con los Estados miembros que han expresado inquietudes”, ha dicho el ministro. Byrne ha asegurado que cree que España actúa “de buena fe” y “en representación de los millones de personas que hablan catalán, euskera y gallego”, pero también que si la propuesta no ha salido adelante es porque el rechazo de varios países se mantiene.
Sampedro defendió que “no existen motivos, ni en materia de coste, ni en materia legal, ni en materia técnica, ni en materia de precedentes” para no reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE. El secretario de Estado reclamó el reconocimiento de “los derechos lingüísticos de 20 millones de europeos que ya tienen estas lenguas como oficiales en su día a día” a nivel europeo.
“Estamos convencidos de que el catalán, el gallego y el euskera van a ser lenguas oficiales de la Unión Europea”, insistió Sampedro. “Hemos atendido todas las dudas que han surgido al respecto, hemos explicado la propuesta, y creo que queda bastante claro que no hay absolutamente ningún motivo para continuar demorando esta decisión”, añadió el secretario de Estado, sin éxito.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa la cuestión por primera vez desde mayo de 2025 ante los ministros. Sin embargo, no ha habido ninguna votación porque lo cierto es que siguen sin salir las cuentas. El reconocimiento requiere unanimidad. También en el proceso de adhesión se decide por consenso, lo que explicaría la postura española como método de presión.
Pero, pese a esto, el Govern presidido por Salvador Illa ha alabado la “determinación” con la que actúa el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, la portavoz, Sílvia Paneque, ha remarcado que “hasta ahora no había habido una acción tan contundente y persistente” por parte de un ejecutivo en relación con esta cuestión y ha aplaudido el nuevo elemento de “presión”, que es condicionar el proceso de ampliación del club comunitario a que se apruebe la oficialidad de los mencionados tres idiomas.
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