Después de más de una década de incertidumbre, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa entró en una nueva etapa de investigación durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, con un análisis exhaustivo de millones de documentos, registros telefónicos, declaraciones y peritajes que permitió identificar a 17 nuevos sujetos de investigación y establecer nuevas líneas de búsqueda.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), informó que el proceso de digitalización y sistematización de la información acumulada registra un avance cercano a 90 por ciento, lo que equivale a aproximadamente 5 millones de fojas distribuidas en 3 mil tomos.
El objetivo de esta nueva metodología es revisar de manera conjunta documentos, testimonios, registros telefónicos, dictámenes periciales y comunicaciones para encontrar conexiones que no habían sido advertidas en investigaciones anteriores.
Uno de los principales avances reportados corresponde al estudio de los registros telefónicos de 2014 y 2015, particularmente de las comunicaciones realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Este análisis permitió identificar a 17 personas que no habían sido identificadas previamente como sujetos de investigación, así como reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con establecimientos y servicios.
Entre las nuevas líneas se encuentra la relacionada con funerarias y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala. El informe señala que integrantes de la organización criminal mantuvieron comunicaciones con personal de funerarias y del sector salud.
De acuerdo con la investigación, esta situación habría permitido que una misma persona tuviera participación en distintas etapas relacionadas con el levantamiento, identificación, certificación, resguardo y destino de cuerpos.
En agosto de 2025 se estableció que Rodolfo “N” utilizó un equipo telefónico perteneciente al estudiante Julio César “N”, elemento que, según el informe, fortaleció los indicios sobre una posible relación entre personal de las funerarias y la desaparición de los normalistas.
Como resultado de esta línea de investigación, en octubre de 2025 la UEILCA ejecutó órdenes de cateo en la Funeraria El Ángel, donde fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación relacionada con Irving “N” y un horno crematorio clandestino.
Posteriormente, el 8 de diciembre de 2025, se realizó un cateo en el Servicio Médico Forense de Iguala. Las diligencias realizadas entre marzo y junio de 2026 permitieron localizar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentación.
El informe precisa que los restos se encuentran bajo análisis multidisciplinario para determinar si corresponden a restos humanos, establecer su antigüedad, obtener perfiles genéticos y determinar posibles coincidencias con personas desaparecidas, incluidos los estudiantes de Ayotzinapa.
A petición de las madres y padres de los normalistas, también intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense para fortalecer los análisis. Uno de los hallazgos señalados ocurrió el 26 de marzo de 2026, cuando fueron encontrados restos humanos enterrados en el patio trasero del SEMEFO.
Los estudios periciales determinaron una coincidencia genética con otro fragmento localizado por la FGR el 17 de diciembre de 2021, a 123 kilómetros de distancia, en el camino a las Antenas de Mezcaltepec, en Taxco, Guerrero.
El informe plantea como una línea de investigación la posible operación de una red criminal a través de funerarias y del SEMEFO de Iguala. La propia documentación señala que esta hipótesis se relaciona con testimonios de colaboradores identificados como “Sonia”, “Damián” y “Neto”, quienes declararon entre 2020 y 2025 que algunos estudiantes de Ayotzinapa pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.
El informe reporta órdenes de aprehensión y procesos contra personas relacionadas con las investigaciones sobre las funerarias y el SEMEFO. Entre junio y agosto de 2026 se reportaron órdenes y procesos contra Rodolfo “N”, Rodolfo “N”, Violeta “N”, Hellen “N”, Julio “N”, César “N” y Ben “N”, por delitos que incluyen desaparición forzada de personas y ejercicio ilícito del servicio público.
En el periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, el Gobierno federal contabiliza 30 detenciones relacionadas con el caso: nueve ex policías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, siete ex servidores públicos, dos empresarios y cuatro personas civiles.
En el estatus general de la UEILCA se reportan 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales, para un total de 162 expedientes. Asimismo, se contabilizan 168 personas procesadas: 130 detenidas en prisión y 38 con medidas cautelares distintas a la prisión.
El reanálisis de los registros permitió recuperar información relacionada con los dispositivos de tres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez.
En el caso de Israel Caballero Sánchez, el análisis de telefonía, de acuerdo con el informe, refuerza una línea de investigación relacionada con el posible traslado de algunos estudiantes a la barandilla de Iguala.
El Gobierno federal sostiene que esta hipótesis también está respaldada por otras pruebas y declaraciones, entre ellas testimonios de integrantes de Guerreros Unidos y de un sobreviviente.
Otra investigación retomada corresponde a las videograbaciones de las cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
El informe sostiene que estas imágenes son relevantes porque las cámaras se encontraban frente al punto donde algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron y pudieron haber registrado momentos relacionados con los hechos.
A partir del reanálisis, las autoridades investigaron la posible participación de servidores públicos estatales en el ocultamiento de esas grabaciones.
En esta línea fueron detenidas y posteriormente sujetas a proceso Lambertina “N”, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca “N”, visitadora del mismo tribunal.
Según el informe, declaraciones obtenidas durante la investigación señalan que Ángel “N” habría ordenado desaparecer evidencia relacionada con las videograbaciones. Las autoridades sostienen que estos testimonios fortalecen la hipótesis sobre el ocultamiento de las imágenes.
Ángel “N” fue detenido el 6 de agosto de 2026 por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes y el 11 de agosto un juez de control lo vinculó a proceso, con prisión preventiva oficiosa.
El informe también da cuenta de procesos de extradición considerados relevantes para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Uno de ellos corresponde a José Ulises “N”, sobre quien existe una orden de aprehensión por desaparición forzada. Los testimonios recabados ubican a aproximadamente 17 normalistas en la comandancia municipal de Iguala antes de su traslado a un destino desconocido.
Otro es el de Abraham “N”, quien enfrenta una orden de aprehensión por desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
La solicitud formal de extradición fue enviada en enero de 2023 y presentada ante autoridades estadounidenses en marzo de ese año; el procedimiento continúa pendiente de resolución.
En el caso de Tomás “N”, buscado por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos, el Gobierno reporta que ha mantenido comunicación con autoridades de Israel.
Entre las acciones realizadas se contabilizan 22 teleconferencias, tres videoconferencias, 60 comunicaciones y la traducción de aproximadamente 6 mil cuartillas al inglés y al hebreo.
En agosto de 2026 se solicitó por la vía diplomática información sobre el estado del procedimiento y el 14 de septiembre la FGR sostuvo una reunión con personal de la Embajada de Israel para impulsarlo.
Además, Estados Unidos realizó dos deportaciones controladas a México de personas vinculadas con las investigaciones: Edgar Damián “N”, el 26 de junio de 2025, y Juan Alberto “N”, el 5 de noviembre de ese año.
Al ingresar al país fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión correspondientes por presunta delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
El informe plantea que esta nueva etapa busca contrastar información que permaneció dispersa durante años y abrir líneas de investigación a partir de los nuevos elementos obtenidos.
Los análisis periciales de los restos encontrados y las investigaciones sobre los posibles traslados, las videograbaciones y las comunicaciones telefónicas permanecen en curso.
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