En un desarrollo que responde a la preocupación por la integridad en el ámbito deportivo profesional, se aprobó una reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Esta modificación, propuesta por el diputado morenista Daniel Andrade Zurutuza, tipifica como delito la corrupción deportiva en el contexto de competiciones profesionales.
Según el artículo 154 Bis incorporado, considera delito de corrupción deportiva a quien, directamente o mediante intermediarios, acepte, reciba, solicite o ofrezca cualquier beneficio, con la finalidad de influir en la realización u omisión de actos propios, con el propósito de alterar el resultado de pruebas, encuentros, torneos o competiciones deportivas.
A pesar de las advertencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sobre los posibles impactos negativos, el texto fue aprobado por la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, evidenciando un mayor énfasis en la protección de la integridad deportiva.