Personas con información confiable me han cuestionado sobre mi columna de ayer, titulada “Almoloya y el paredón para el traidor a la causa”. En ella, planteé que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha demostrado un abandono estructurado hacia el exfiscal César Jáuregui, hoy procesado en el penal de Almoloya por supuestos delitos federales.
Aseguré también que, al tomar esta medida, Maru Campos contribuye a completar la narrativa del Palacio Nacional sobre el conflicto y el trágico episodio de los agentes de la CIA, ocurrido en abril.
Estas personas me han hecho ver que Jáuregui no es un personaje transparente ni sin defectos; en Chihuahua, se ha investigado a su respecto, entre otras cosas, por presuntas extorsiones a través del uso de expedientes judiciales. Sin embargo, las autoridades locales solo lo acusaron de dos delitos menores, cuyo objetivo era visibilizar las diferencias y desmarcarse de él sin que llegara a la cárcel.
Fue entonces cuando apareció la Fiscalía General de la República (FGR) con acusaciones más graves, como la de traidor a la patria, y el traslado a Almoloya.
Además, me han recordado que la relación entre Maru Campos y la Presidencia sigue siendo tensa. También me han hecho notar que debo investigar más la relación de años de Jáuregui con el alcalde de Ciudad Juárez y candidato de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, a quien se supone que seguía manteniendo contactos hasta el sábado pasado.
En el complejo y incierto mundo de la política y el crimen, las primeras versiones rara vez son las últimas.