El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), creador para proteger los derechos humanos a la salud, la asistencia médica, la seguridad económica y los servicios sociales, cumple 84 años en un contexto de profunda crisis existencial. Durante los últimos ocho años, este ente ha sido sometido a presiones que exceden sus capacidades, lo que ha empeorado un rezago que ya se acumulaba desde antes.
Entre 2018 y 2026, el IMSS pasó de atender a 68.4 millones de derechohabientes a 78 millones, un aumento del 14.04 por ciento en el régimen ordinario; los trabajadores activos subieron de 20 a 22.79 millones; 2.4 millones de nuevos trabajadores se incorporaron a través de nuevas modalidades; el crecimiento más significativo se registró en pensionados y jubilados, que pasaron de 4.3 a 6.3 millones, un aumento del 46 por ciento.
Este crecimiento en la demanda ordinaria se suma a los 53.2 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social formal, beneficiarios del programa IMSS-Bienestar, quienes reciben atención médica básica gratuita en centros de salud de 24 entidades afiliadas al nuevo sistema. Sin embargo, la atención especializada y hospitalaria se otorga en unidades del IMSS.
El Seguro Social fue considerado la “joya de la corona” del Estado posrevolucionario, ya que fue la institución emblemática que llevó bienestar al pueblo, al pasar de un México de caudillos armados a uno de instituciones sólidas.
A pesar de las deficiencias existentes en el sistema de salud al momento del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, tres acciones clave contribuyeron al caos actual: en 2019, el sistema de compras consolidadas de medicamentos fue desmantelado, lo que se atribuyó a corrupción, aunque esta acusación nunca fue confirmada.
Pruebas recientes sugieren que hubo entregas de contratos directos a hijos y amigos de altos funcionarios, mientras que el desabasto de vacunas, medicamentos y suministros ha aumentado de manera alarmante.
Otro factor crucial fue la extinción del Seguro Popular, reemplazado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en 2019. Sin embargo, el experimento duró solo tres años y el destino del presupuesto de 100 a 177 mil millones de pesos es incierto.
Estas decisiones, sin planificación adecuada, fueron tachadas de los “errores más trágicos” de la administración, según el economista Carlos M. Urzúa, quien renunció como secretario de Hacienda en julio de 2019, al ver el “desastre en política económica” de la Cuarta Transformación.
La pandemia de 2020 exacerbó la crisis, con el presidente López Obrador asumiendo una postura de “líder populista bruto”, según el escritor Diego Fonseca. El sector salud se vio sometido a una crisis sin precedentes, con México registrando las más altas cifras de mortalidad global por COVID-19.
Más de 800 mil muertes fueron atribuidas a la pandemia, según organizaciones no gubernamentales. Esto llevó a organismos multilaterales, médicos y opositores políticos a acusar al expresidente y su equipo de genocidio.
En 2023, los trabajadores del IMSS en 24 entidades se declararon en rebelión, demandando un aumento salarial del 10%, el pago de prestaciones atrasadas, la contratación de médicos y enfermeras que ingresaron durante la pandemia, y la reabastecimiento de medicamentos y suministros.
Actualmente, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) es Rafael Olivos Hernández, diputado federal suplente por Morena, sucediendo a Arturo Olivares Cerda. Los dirigentes sindicales de la 4T han sido acusados de traicionar a los empleados y de incumplir la esencia del sistema tripartito de gobierno de la institución.
Los trabajadores demandaron la renuncia de Olivos Hernández, el cese de restricciones a la libertad de expresión, el rechazo a cambios en los estatutos y la instalación de mesas de diálogo con autoridades federales. La consulta salarial se realizará el 15 de octubre, con resultados esperados para ese mismo día.
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