El 1 de octubre pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y su gabinete presentaron un avance significativo en la relación entre el Gobierno capitalino y el sector empresarial.
Este acuerdo, fruto de un diálogo prolongado entre el Gobierno y el sector empresarial, representado por las principales cámaras como COPARMEX CDMX, CANACO, CANACOPE, CANIRAC, CANACINTRA, CANADEVI, ANTAD, ADI, CMIC, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y el Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos Mexicanos, busca establecer un enfoque de cero clausuras para negocios de bajo impacto.
Según COPARMEX Ciudad de México, este acuerdo representa un hito en la política local, ya que se ha construido un nuevo modelo de verificación del INVEA, diseñado para proteger a los comercios de clausuras innecesarias debido a irregularidades administrativas que pueden ser corregidas.
El INVEA, fundado en 2010, mantiene la responsabilidad de supervisar que los establecimientos cumplan con las disposiciones administrativas, una función crucial para la legalidad y la seguridad. Sin embargo, su actuar tradicionalmente ha sido percibido como predominantemente punitivo, lo que ha llevado a la creación de un nuevo sistema.
De acuerdo con el Código Avisa, los negocios de bajo impacto pueden recibir hasta tres avisos preventivos, mientras que los de impacto vecinal podrían enfrentar dos. Las empresas de alto impacto, por su parte, están sujetas a controles más estrictos, y riesgos graves para la seguridad humana requieren la intervención inmediata de la autoridad.
Este nuevo enfoque no es suficiente sin el apoyo activo de la sociedad civil organizada y del sector empresarial. Se espera que las alcaldías asuman su responsabilidad y protejan a los negocios locales. Para ello, COPARMEX CDMX ha propuesto un índice público de suspensiones y clausuras, así como una plataforma que permita a los empresarios denunciar posibles extorsiones de autoridades, con opciones de anonimato y protección de datos.
Estos instrumentos se utilizarán como base para solicitar a los titulares de las 16 alcaldías que se comprometan a proteger la actividad económica y combatir la extorsión. También se instará a futuros aspirantes a alcaldes a que prometan proteger la economía local y combatir la extorsión.
Es necesario promover una cultura que valora la generación de riqueza y empleo, y que condena a aquellos funcionarios que presumen en redes sociales la extorsión a los negocios, exhibiendo soberbia e impunidad. Los servidores públicos no deben confundir la vigilancia de la ley con la exhibición de quienes trabajan.
Esta nueva política es un paso importante, y COPARMEX CDMX reconoce al Gobierno de la Ciudad de México por su compromiso y cooperación en este asunto, además de asumir su parte para asegurar que este acuerdo beneficie a los empresarios y promueva la generación de empleo digno.