La vigilancia de la violencia de género en México ha sido un tema central en el debate social y político. Según un análisis detallado realizado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, se ha examinado la efectividad de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la reducción del número de feminicidios en el país. Este estudio, publicado en la revista “Killing on the basis of sex: Do Gender Violence Alerts Actually Reduce Feminicides in Mexico?”, utilizó datos municipales para trazar la evolución del fenómeno entre 2015 y 2025.
Se ha observado que, en promedio, la declaración de una AVGM resulta en una disminución del 60% en el número de feminicidios registrados en un periodo de cinco años. Sin embargo, esta caída en la cifra oficial no refleja necesariamente una reducción en la violencia contra las mujeres, ya que los registros oficiales pueden estar sesgados por varios factores, como la subinformación y la subreportación de casos.
Las alertas, que surgen en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son medidas de emergencia municipales o estatales destinadas a abordar la violencia de género en áreas donde las respuestas institucionales han sido inadecuadas. Pueden ser solicitadas por diversos actores, incluyendo organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, cuando se identifica un aumento persistente de violencia contra las mujeres, incumplimientos de obligaciones estatales, o leyes discriminatorias.
La implementación de una AVGM implica una evaluación por parte de expertos y la propuesta de medidas a ser ejecutadas por las autoridades locales. Si estas no son cumplidas, el gobierno federal puede emitir la declaratoria. Durante la mayor parte de su vigencia, el proceso se gestiona por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y actualmente, por la Secretaría de las Mujeres.
La disminución en los registros de feminicidios puede atribuirse a mejoras en las medidas de prevención y seguridad, atención a las víctimas, coordinación entre actores gubernamentales y evaluación de las acciones implementadas. No obstante, es crucial entender que la disminución en los registros puede no reflejar una reducción real de la violencia, sino cambios en las prácticas de registro y clasificación de casos.
Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han permitido identificar los feminicidios como una categoría distinta desde 2015. Durante la segunda mitad de la década, el número de feminicidios aumentó de 400 a casi 1,000 en 2021, para luego disminuir a 712 en 2025. No obstante, estos números deben interpretarse con cautela, ya que los registros oficiales no capturan todos los casos de violencia contra las mujeres, y el reconocimiento del feminicidio como un delito independiente depende de la capacidad institucional para clasificarlo correctamente.
Las investigaciones señalan que, a pesar de la disminución en los registros, la implementación efectiva de las AVGM requiere tiempo y un enfoque holístico que abarque la movilización de autoridades locales, la eficacia en los procesos de investigación y clasificación, y la transparencia en la publicación de datos. La reducción del 60% en los casos de feminicidios registrados después de la declaratoria de la AVGM es un paso importante, pero no es definitivo. La verdadera evaluación del impacto de estas alertas implica un análisis más profundo de la implementación y ejecución de las medidas propuestas.
Esta investigación, publicada cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, destaca la complejidad de la problemática de la violencia de género y la necesidad de un enfoque multidimensional para abordarla eficazmente.
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