El panorama comercial para la campaña de aguacates mexicanos en Estados Unidos, bajo el lema “avocados from Mexico, always good” (siempre bueno), se ha tornado extremadamente incierto y complicado.
La suspensión operacional ha afectado directamente a los inspectores estadounidenses responsables de certificar y examinar la calidad del producto en Michoacán. Estos profesionales son cruciales para agilizar los trámites aduaneros, una actividad que actualmente se encuentra paralizada.
Esta alerta crítica surgió tras eventos de seguridad ocurridos durante el fin de semana: la detención de Ramón Ángel Álvarez, conocido como “El R1”. Este individuo es un líder clave de “Los Rs”, grupo criminal con fuertes vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya influencia se extiende por los Altos de Jalisco y Michoacán.
Álvarez está señalado no solo por su liderazgo, sino también por haber sido el autor intelectual del asesinato ocurrido en noviembre pasado contra Carlos Manzo, el alcalde del municipio de Uruapan. Adicionalmente, fue capturado Alfonso Fernández Magallón, jefe operativo del Cártel de Los Reyes (integrante de Cárteles Unidos). Este grupo criminal controla la zona productiva vital que abarca los municipios de Los Reyes y Peribán, dos regiones fundamentales para el cultivo de aguacate.
A raíz de estas importantes aprehensiones en materia criminal, se reportaron múltiples episodios de violencia e implementaciones de bloqueos carreteros (“narcobloqueos”) a lo largo del estado de Michoacán. Como respuesta directa a la escalada de tensión, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos que incluyó la interrupción total de las labores de sus inspectores en México.
Es fundamental señalar que Michoacán es responsable de exportar aproximadamente el 75 por ciento del aguacate producido en México, según estadísticas emitidas por el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA). Las barricadas han obstaculizado severamente la salida de nuevos embarques de lo llamado “oro verde”.
Esta crisis logística impactó a un mínimo de 82 empresas certificadas para la exportación. Los municipios más afectados incluyen Uruapan, Peribán, Morelia, Tancítaro, Tacámbaro, Nuevo Parangaricutiro, Tingüindín, Ario de Rosales y Zitácuaro.
Entre las compañías afectadas se encuentra Mission de México, filial de la compañía Mission Produce. Las acciones de esta empresa registraron un cierre reciente en 12.14 dólares, lo que representa una notable disminución del 4.78 por ciento respecto a la jornada comercial anterior.
Ante este escenario delicado, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) ha anunciado su intención de convocar una reunión con las autoridades federales mexicanas, buscando estrategias para mitigar las amenazas detectadas por el gobierno estadounidense.
La preocupación en torno a la legalidad de la industria se remonta al 8 de julio pasado. REFORMA informó que productores estadounidenses acusaron ante la Oficina del Representante Comercial (USTR) de EE. UU. que toda la cadena productiva del aguacate en México está bajo el control directo de cárteles del narcotráfico. Esta situación, según los reclamantes, confiere una ventaja comercial injusta y generaría un exceso de oferta que ameritaría ser limitado mediante cuotas.
La historia reciente también muestra precedentes: en junio de 2024, el mismo gobierno estadounidense había suspendido certificaciones. Esto ocurrió tras la retención física de dos inspectores estadounidenses dentro de Michoacán, durante un bloqueador carretero ilegal.
Finalmente, para mantener su perfil de riesgo elevado, en octubre de 2025, se registró la ejecución del líder citrícola Bernardo Bravo en Apatzingán. Este hecho criminal provocó inmediatamente nuevas protestas y exigencias por parte tanto de los productores de aguacate como los de limón.
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