La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza una investigación exhaustiva a siete empresas que suministran material electoral a instituciones electorales, incluyendo el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos locales. Estas empresas están siendo investigadas por posibles operaciones de facturación simulada y competencia ficticia, lo que está siendo examinado desde el año 2012.
Según la investigación, se ha detectado una serie de anomalías financieras y operativas en las empresas investigadas. Se identificaron transferencias bancarias significativas, principalmente entre 2012 y 2023, con una transferencia notoria de 400 millones de pesos realizada por la empresa Cajas Graf, vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. De este monto, alrededor de 130 millones de pesos fueron transferidos a otras compañías sospechosas de participar en operaciones simuladas.
Las empresas investigadas presentaban irregularidades en sus declaraciones fiscales y estructuras operativas. Reportaban ingresos millonarios pero presentaban pérdidas recurrentes, con bajas tasas de rentabilidad, reducida capacidad laboral y movimientos financieros que no correspondían con su presunta capacidad operativa. Se sospecha del uso de prestanombres y de la dispersión de recursos hacia individuos vinculados a la familia Hernández Casillas y otros terceros, cuya identidad no se ha revelado.
En el marco de esta investigación, la UIF ha congelado más de 400 cuentas bancarias, entre ellas, 70 que siguen bloqueadas hasta la fecha. Las indagatorias se iniciaron en octubre de 2023, con el primer congelamiento de cuentas el 17 de noviembre de ese mismo año, y un segundo acuerdo que se realizó el 15 de enero de 2024, ordenando el congelamiento de 231 cuentas pertenecientes a siete personas físicas, dos personas morales y 35 sujetos relacionados.
La investigación no solo se centra en las empresas proveedoras, sino que también incluye a empresarios y funcionarios electorales. Se menciona que una mujer fungía como representante legal de la empresa Seriplast, aunque su identidad y participación en las operaciones investigadas no se detallan en la información disponible.
Las autoridades federales continúan revisando las operaciones financieras y los vínculos entre las empresas para determinar posibles responsabilidades y responsables en los presuntos esquemas de facturación simulada y operaciones ficticias.
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