La violencia y el acoso hacia los periodistas y defensores de derechos humanos en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido abordados por una investigación exhaustiva llevada a cabo por la Universidad de Berkeley. Esta investigación, conocida como “Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de derechos humanos en México”, reveló que un total de 337 personas perdieron la vida en circunstancias violentas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024.
Según el estudio, la cifra de 337 víctimas se compone de 78 comunicadores y 259 activistas que fueron asesinados de manera violenta. Lo que resulta particularmente preocupante es que estos homicidios forman parte de una estrategia más amplia de agresiones sistemáticas que operaron en un entorno de impunidad generalizada. Los investigadores de la universidad estadounidense documentaron que el Estado mexicano no solo falló en proteger a estos colectivos, sino que también utilizó herramientas de espionaje digital ilegalmente para vigilar a reporteros y defensores civiles.
Además, el estudio revela que la violencia física y digital se combinó con un componente de hostigamiento institucional desde el Poder Ejecutivo. A través de un análisis asistido por inteligencia artificial de las conferencias de prensa matutinas, se detectaron 2.827 segmentos discursivos dedicados a difamar o descalificar a la prensa. El uso recurrente de calificativos estigmatizantes sirvió para erosionar la credibilidad de los cuestionamientos periodísticos y justificar de manera indirecta las agresiones en contra del gremio.
Ante la gravedad y consistencia de los hallazgos, los especialistas de la UC Berkeley School of Law concluyeron que la violencia ejercida y permitida contra estos sectores vulnerables rebasa el ámbito local. Por lo tanto, el organismo académico sugirió que la magnitud de los ataques estatales y la falta de justicia interna configuran un escenario propicio para que los hechos sean sometidos a un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
La investigación también creó una plataforma pública con registros de víctimas, 75 expedientes, análisis de más de 1.400 conferencias presidenciales y documentación sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia e impunidad. El informe concluye resaltando que “se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.
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