El sector de la salud en su conjunto registra un crecimiento significativo en el Proyecto del Paquete Económico 2027, con un aumento de 2 billones 641 mil millones de pesos en comparación con los 2 billones 368 mil millones aprobados para 2026, lo que representa un incremento real del 8%. Este aumento, superior al 1.1% que experimenta el presupuesto federal en su conjunto, lleva a la salud a representar el 24.8% del gasto neto total, un aumento de 1.6 puntos con respecto al año anterior. Sin embargo, este incremento se ha logrado gracias a decisiones políticas específicas y no a una simple inercia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el principal beneficiario, recibiendo 212 mil 700 millones de pesos de los nuevos fondos, lo que representa el 82.5% de la nueva inversión. De estos fondos, el 49.4% se destina a pensiones de jubilaciones anteriores a 1997, lo que deja un incremento real del 11.3% para otras actividades. Este crecimiento es notable, pero también hay una preocupación: las reservas financieras y actuariales del IMSS han caído 5.7% real, disminuyendo de 31 mil 316 a 30 mil 485 millones de pesos. Estas reservas representan el colchón financiero a largo plazo del instituto.
El Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es el sector más rezagado, con un crecimiento real del 2.8%, inferior al 11.3% del IMSS. Su presupuesto está principalmente dominado por pensiones, lo que limita el margen para aumentar la atención médica. Su presupuesto asciende a 571 mil 592 millones de pesos.
La Secretaría de Salud recibe 72 mil 305 millones de pesos, lo que significa un incremento real del 5% con respecto al año anterior. Es el primer aumento real desde 2024, rompiendo dos años de estancamiento. Comparado con 2024, que tuvo 96 mil 990 millones, el Ramo 12 se ha reducido en 32.6% en términos reales, aunque gran parte de esta disminución se debe a la reasignación de recursos hacia el IMSS-Bienestar en 2025.
Los subsidios transferidos por la Secretaría de Salud a estados y al sector social han caído drásticamente, disminuyendo en 90% de 4 mil 529 millones en 2024 a 452 millones en 2027. Se ha eliminado el programa de prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes, así como el de vigilancia epidemiológica. Esto es particularmente preocupante en un país donde la diabetes es la segunda causa de muerte, lo que sugiere un cambio significativo en la estrategia de prevención y control de enfermedades crónicas.
El IMSS-Bienestar ha visto un incremento real del 9%, llegando a 193 mil 987 millones de pesos. De estos, 91 mil 718 millones están etiquetados para la atención gratuita a personas sin seguridad social. Además, se prevé la apertura de 12 mil 750 consultorios de atención primaria en 24 entidades federativas a partir de enero de 2027. Este punto merece una discusión más profunda en la Cámara de Diputados, ya que representa una inversión significativa en infraestructura y atención primaria.
El artículo 34 del proyecto de decreto del Paquete Económico 2027 respalda el Servicio Universal de Salud, ordenando el intercambio progresivo de servicios entre IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, hospitales federales de referencia y institutos nacionales. La idea es sensata y ha estado pendiente por años: asegurar que una persona reciba atención en donde haya disponibilidad, sin importar su credencial de seguro. Sin embargo, el problema radica en cómo se pagará este servicio.
El artículo 34 establece que cada institución asignará, con cargo a su presupuesto autorizado, una previsión de recursos en un programa presupuestario que Hacienda definirá más adelante. Sin embargo, no hay dinero nuevo para la portabilidad de servicios, y el monto de esta previsión no se detalla en ningún anexo del proyecto. Esto significa que no hay cifras, tarifas ni fórmulas de compensación, lo que dificulta el seguimiento y control del mecanismo.
Esta caja de compensación es crucial para el Servicio Universal de Salud, pero actualmente está vacía en el papel. El historial del país no invita a optimismo, ya que los convenios de intercambio entre IMSS, ISSSTE y el antiguo Seguro Popular han existido desde 2009 y nunca han operado a gran escala debido a la falta de acuerdos sobre costos y financiamiento.
El Congreso tiene hasta el 15 de noviembre para corregir esta situación, pidiendo que la previsión se haga explícita, incluyendo monto por institución, tarifario de referencia y reporte trimestral. Sin estas claridades, el Servicio Universal de Salud seguirá siendo una promesa administrativa sin mecanismo financiero efectivo.
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