La inseguridad y el delito representaron un costo económico significativo para los hogares de Colima en 2025, según datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El total estimado ascendió a 1.9 mil millones de pesos, un aumento significativo en comparación con 2024, cuando el costo total se ubicó en 1.7 mil millones de pesos.
El costo promedio por persona afectada en Colima fue de 7 mil 592 pesos, un monto 23.8% superior al promedio nacional de 6 mil 130 pesos. Este aumento se traduce en una diferencia de mil 462 pesos por persona, demostrando que el impacto económico individual en Colima fue más alto que en el promedio nacional.
A pesar del aumento, el Inegi indicó que el cambio en el costo promedio no fue estadísticamente significativo. La situación económica en Colima no mejoró respecto a 2024, donde el costo total de la inseguridad y el delito fue de 1.7 mil millones de pesos, un aumento de 200 millones de pesos.
El impacto económico no solo se reflejó en pérdidas directas ocasionadas por los delincuentes, sino en los gastos destinados por las familias para protegerse. El 61% del costo total correspondió a medidas preventivas como cerraduras, candados, rejas y bardas. Además, el 37.6% se relacionó con pérdidas económicas derivadas de los delitos, mientras que el 1.4% se destinó a gastos por daños a la salud.
Entre las acciones más frecuentes adoptadas por los hogares colimenses, el 23.9% cambió o instaló cerraduras y candados, el 20.5% reforzó puertas o ventanas, el 13.3% colocó rejas o bardas, el 7.9% organizó acciones conjuntas con vecinos y el 2.8% compró un perro guardián. Otras medidas como la instalación de alarmas, contratación de vigilancia privada, seguros, armas de fuego, cambio de vivienda o otras acciones de protección representaron el 20.6%.
Los datos indican que la delincuencia incide en la economía familiar, afectando a los hogares más allá de las pérdidas directas de los delitos y posibles daños a la salud. Las familias destinan recursos adicionales a cerraduras, puertas, bardas, alarmas y otros mecanismos para protegerse ante la necesidad de seguridad.
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