La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no adelantar una audiencia inicial para imputar a los implicados en una significativa causa de lavado de activos por cerca de 10 mil millones de pesos, uno de los casos más relevantes en materia de blanqueo de capitales en los últimos diez años.
El asunto gira en torno a tres empresas: Optimización Dalga, Lovies y OHAT, que fueron declaradas “factureras” definitivamente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas entidades habrían lavado 9 mil 631.8 millones de pesos entre los periodos del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018 y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019.
El pasado mes de mayo, Grupo Reforma informó sobre la judicialización de esta carpeta de investigación, cuyo monto imputado es similar al presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se sitúa en 9 mil 294 millones de pesos, o de Gobernación, que asciende a 9 mil 959 millones de pesos.
La Fiscalía solicitó a la UIF que se archivara la causa penal contra las tres personas que estaban a punto de ser acusadas por lavado, sin que se registrara oposición de las partes involucradas. El Juez de control Erick Adrián García Gómez, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, emitió el acuerdo el 22 de julio, pero no se reveló el motivo de la decisión.
Según información judicial, la Fiscalía tomó esta decisión con el objetivo de perfeccionar la indagatoria y volver a judicializar el caso contra personas adicionales a las que ya aparecen en los registros bancarios y empresariales. La FGR originalmente imputó el caso contra José Luis Pedraza Ávila, Diana Luz Torres García, Teresa García Quintana, Francisco Manuel González Roda, Rafael Solano López y Vicente Estrada Viveros, el último de quien se considera una figura crucial en la indagatoria.
Las empresas fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. Sus transferencias incluyen movimientos con personas físicas de la CDMX, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan. La FGR detalla que en el período mencionado, estas compañías registraron 17 mil 566 depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos y un total de 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos.
Este caso se considera el segundo de lavado de dinero más significativo que ha sido llevado por la FGR ante los tribunales en más de una década, resaltando la importancia del tema en el escenario legal actual.
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