Un conflicto legal que inició hace más de diez años debido a una supuesta falta de pago en la adquisición de acciones de la Universidad de Ecatepec ha derivado en una comparecencia judicial programada para este jueves 27 de agosto en las inmediaciones del Reclusorio Sur de la capital del país.
Por este motivo, un impartidor de justicia de la Ciudad de México ha convocado a los ciudadanos Jorge Nacer Gobera, Agustín Guillermo Albán Maldonado, Juan Galindo Valadez, David Díaz García y Rogelio Urreola Sánchez para que asistan a una comparecencia de carácter inicial libre de detención, en el marco de las indagatorias que se siguen por una probable conducta delictiva catalogada como fraude.
Dicha cita judicial ha sido calendarizada para el 27 de agosto del año 2026 en punto de las 12:00 horas. El procedimiento se llevará a cabo en la Sala Oral número tres, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia local, la cual se localiza en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
La carpeta de investigación que da origen a este juicio fue integrada y judicializada por el área especializada de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quedando inscrita de manera oficial bajo el expediente judicial número 007/1170/2026.
Conforme a los datos que integran la pesquisa, las personas afectadas eran integrantes de la sociedad civil de la Universidad de Ecatepec. El detonante de la disputa legal radica en el proceso de enajenación de un paquete accionario equivalente al 49 por ciento de la participación social de dicho centro de estudios.
La querella correspondiente detalla que el plazo perentorio para liquidar la remuneración económica acordada por dicha transacción vencía formalmente el 8 de mayo del año 2012.
Para asegurar el cumplimiento de la obligación, se determinó establecer un gravamen hipotecario sobre un predio denominado “Falda de Zacatepetl”. No obstante, los querellantes argumentan que no fue sino hasta septiembre de 2019 cuando descubrieron, mediante consultas ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la capital, que el citado aval no era susceptible de registro por irregularidades en la cadena de transmisiones de dominio y fallas en el folio real, a pesar de que el instrumento contaba con fe pública e instrumentación notarial previa.
Los afectados añaden en su argumentación que, una vez concretada la transacción, los adquirentes tomaron las riendas directivas del colegio de nivel superior. Con posterioridad, habrían llevado a cabo transferencias e intercambio de registros de propiedad intelectual y activos financieros vinculados a diferentes firmas mercantiles, incluyendo a Fibra Educa, un esquema fiduciario que opera activamente en la Bolsa Mexicana de Valores.
Este conjunto de imputaciones forma parte medular de la querella formal que las autoridades de impartición de justicia de la Ciudad de México tendrán que ponderar y resolver en la etapa correspondiente del proceso.
Respecto a los señalados, Jorge Nacer Gobera funge como director de Nacer Global y posee un largo historial empresarial en la esfera educativa de carácter privado, un rubro donde dicha corporación ha estructurado un amplio portafolio de colegios de este sector.
Por su parte, Juan Galindo Valadez ejerce hoy en día como responsable del área de Administración y Finanzas en Fibra Educa, el fideicomiso de bienes raíces dedicado a infraestructura del rubro de la enseñanza que participa en el mercado bursátil mexicano, corporativo que lo ratifica como parte fundamental de su cúpula administrativa.
En cuanto a Rogelio Urreola Sánchez, sus nexos con la Universidad ICEL están plenamente acreditados en el tiempo. De hecho, resoluciones de carácter federal difundidas en el Diario Oficial de la Federación desde el año 2009 lo señalaban formalmente como el apoderado legal de esta asociación civil en gestiones tendientes a la obtención de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios.
Por lo que hace a Agustín Guillermo Albán Maldonado, registros del Ejecutivo de Ecuador comprueban que inició el proyecto y se desempeñó por un septenio como rector de la institución Univer Milenium en territorio mexiquense. Posteriormente, asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la nación sudamericana y, en el transcurso de 2018, fue considerado por el mandatario Lenín Moreno en la terna parlamentaria para asumir la vicepresidencia ecuatoriana.
Mientras el ambiente político hierve en demarcaciones de la capital como Cuauhtémoc, donde la figura de Alessandra Rojo de la Vega acapara reflectores, liderazgos mexiquenses como Isaac Montoya reafirman su vocación social con las poblaciones vulnerables, y figuras como Luz María Hernández advierten sobre filtros éticos estrictos para las postulaciones electorales.
Al mismo tiempo, la alcaldesa electa Azucena Cisneros prevé sobrepasar las resoluciones del máximo tribunal, en tanto el ámbito del entretenimiento se sacude con lanzamientos musicales peculiares como los de la celebridad Sabrina Sabrok.
Por otra parte, se abre el debate sobre los métodos empleados por la procuración de justicia para elaborar expedientes de alta relevancia: ¿Se llegó a inducir la mención de personajes ajenos a las carpetas? Surge la duda sobre cuáles señalamientos contaban con sustento probatorio fidedigno y cuáles se fincaron únicamente sobre rumores, referencias de oídas o meros vínculos de índole laboral.
Una charla privada recientemente revelada entre los litigantes José Luis García Miranda, Diego Ruiz Durán y el exlegislador federal por Morena, Rafael Espino de la Peña, arroja serios cuestionamientos sobre el actuar del Ministerio Público en las pesquisas relativas al conflicto corporativo de la Cooperativa Cruz Azul, entidad que actualmente enfrenta acusaciones de supuestas transacciones de blanqueo vinculadas a un grupo delictivo con presencia nacional.
El material sonoro, captado de manera encubierta por un asistente al encuentro y divulgado por la plataforma informativa corresponsales.mx, deja al descubierto una preocupante anomalía: indicios de que los representantes de la fiscalía sugirieron nombres específicos durante las declaraciones, orientaron los interrogatorios de forma dolosa e incluyeron aseveraciones que los deponentes no conocían de primera mano.
Este documento sonoro replantea un dilema crítico en la impartición de justicia: si las instituciones ministeriales estaban abocadas a indagar los hechos de manera objetiva o si, por el contrario, daban forma a testimonios con el propósito de justificar una hipótesis preconcebida.
En el transcurso de la charla, el abogado Diego Ruiz Durán se queja amargamente de haber sido involucrado en una supuesta red de emisión de comprobantes fiscales apócrifos. Ante dicho reclamo, su colega José Luis García Miranda se defiende argumentando que esa acusación no emanó de su persona ni de su representado, a quien se refiere con el nombre de Alfredo.
La justificación ofrecida sugiere un patrón distinto: las propias autoridades contaban con un esquema predeterminado, se encargaban de formular interrogatorios inducidos, exhibían papelería de la institución y ponían sobre la mesa los nombres de quienes deseaban implicar.
En este escenario, resalta la constante mención del litigante Ángel Junquera, quien en diversas etapas brindó asesoría jurídica formal en casos relacionados con Guillermo “Billy” Álvarez y la cementera Cruz Azul.
No obstante, la grabación es contundente al evidenciar que la alusión a Junquera no brotó de forma natural o espontánea de la boca del testigo al describir ilícitos de los cuales fue testigo ocular. Al contrario, el diálogo insinúa que dicho nombre fue introducido a través de las interrogantes puntuales de los investigadores gubernamentales.
Debe separarse con claridad la mera identificación de un profesionista que brindó representación legal a un tercero, del conocimiento directo sobre una presunta conducta ilícita cometida por dicho abogado. En esa delgada línea es donde el proceder de la representación social queda severamente entredicho.
El audio detalla asimismo que Guillermo Barradas Cendón, quien fungía como abogado de la cementera y ha sido señalado como presunto operador de Julio Scherer, estuvo presente de principio a fin en la diligencia ministerial, una atribución que recae exclusivamente en la autoridad ministerial. Se detalla que esta sesión se desahogó en el domicilio particular de Alfredo Álvarez, y se expone de qué manera se confeccionaron y alteraron testimonios escritos, suprimiendo declaraciones contundentes que no contaban con el debido sustento fáctico por parte de quien declaraba.
Asimismo, los participantes discuten activamente las deliberaciones internas que se sostuvieron para acordar la inclusión u omisión deliberada de determinados personajes en el cuerpo de las declaraciones oficiales.
En ese sentido, José Luis García Miranda reconoce abiertamente haber alterado cerca del 80 por ciento de la declaración ministerial para ajustarla a sus intereses particulares. De la misma forma, confiesa haber evitado la adición de reportes vinculados a transacciones indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, en las cuales presumiblemente él mismo tenía participación, revelando un patente conflicto de intereses al ostentarse como asesor de Alfredo mientras manipulaba testimonios en el expediente.
Igualmente, admite haber tenido la capacidad de decidir discrecionalmente quiénes serían objeto de pesquisas y quiénes quedarían exentos de las mismas, remarcando la coadyuvancia en estas reuniones de Barradas, el litigante de Cruz Azul que anteriormente enfrentó imputaciones por el delito de extorsión.
La situación descrita por esta revelación telefónica expone un panorama sumamente complejo: un cuerpo de procuración de justicia que acudía a las comparecencias con una lista previa de nombres, inquiriendo con dolo sobre ellos y forzando imputaciones hacia individuos particulares, sin importar que el compareciente careciera de evidencias o vivencias directas de las presuntas ilegalidades de tales personas.
Frente a esto, resulta ineludible cuestionarse: ¿Qué porcentaje de los nombres involucrados en la carpeta de Cruz Azul emanaron de testimonios reales y libres de coerción? ¿Cuáles fueron insertados debido a la inducción de la autoridad ministerial? Es imperativo discernir qué imputaciones cuentan con sustento material y cuáles se derivan de sospechas, señalamientos de terceros o simples contactos asociativos de índole laboral.
La situación de Ángel Junquera es muy ilustrativa en este contexto. Aunque su identidad es traída a la mesa repetidas veces durante el diálogo, ninguno de los involucrados logra precisar conductas delictivas específicas o evidencias de las cuales les conste directamente su participación en actos fuera de la ley.
En caso de corroborarse que las identidades de diversos defensores legales y otros civiles fueron introducidas de manera artificial en el expediente por medio de preguntas guiadas, careciendo de pruebas independientes que sustentaran un actuar ilícito, se evidenciaría un comportamiento que exige una rendición de cuentas urgente por parte de los funcionarios encargados del caso.
En los juicios de relevancia pública, bastan unas cuantas líneas asentadas en una carpeta ministerial para devastar la trayectoria profesional de cualquier ciudadano, sobre todo cuando estos datos trascienden a los medios de comunicación y se transforman en juicios sumarios en la opinión social.
Esta filtración arroja un manto de sospecha sobre la conducta de los responsables de estas indagatorias y plantea dos cuestionamientos fundamentales: ¿Se buscaron evidencias para identificar a los culpables de un delito o se colectaron identidades para validar una versión fabricada de antemano? ¿Se ha convertido acaso la Fiscalía General de la República o la fiscalía especializada en delincuencia organizada en un instrumento para solventar disputas privadas?
En el plano político mexiquense, la mirada está puesta en los comicios de 2027 con reacomodos notables en demarcaciones del Valle de México como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Huixquilucan. El panorama perfila el regreso del legislador federal Enrique Vargas del Villar a su bastión tradicional, así como la sólida proyección del edil Isaac Montoya de cara a un posible proceso de reelección municipal.
En contraste, la situación del representante local Román Cortés Lugo dista de ser favorable. La militancia y los simpatizantes del partido guinda en Atizapán de Zaragoza muestran un claro distanciamiento y un rechazo abierto ante la posibilidad de que su perfil sea impuesto de cara a la alcaldía de la localidad.
Sus detractores lo etiquetan como un político oportunista, tras su salida de Acción Nacional en septiembre del año 2025 después de más de veinte años de militancia para sumarse a Morena en la Cámara local. En los pasillos del recinto legislativo se comenta que su presencia resulta ideológicamente incongruente con los ideales de la Cuarta Transformación, debido a su larga carrera estrechamente asociada al panismo del Valle de México.
La base militante sostiene que existen alternativas más idóneas y arraigadas en el movimiento fundador de Atizapán de Zaragoza. Entre ellos se menciona al joven político en ascenso Enrique Contreras, a Bárbara González y a Leylani Richard. Al final, la determinación quedará bajo el criterio de las dirigentes Luz María Hernández y Ariadna Montiel.
Por el lado de Acción Nacional, la consolidación en Huixquilucan se mantiene firme. Considerado un modelo de gestión de gobierno y solidez financiera a nivel nacional, todo apunta a que la demarcación seguirá bajo la hegemonía blanquiazul, un resultado atribuido a las gestiones consecutivas de Enrique Vargas del Villar y de la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.
Un estudio de opinión reciente llevado a cabo por la firma RUBRUM acerca del panorama electoral de cara al 2027 en este municipio expone al PAN a la cabeza de la intención del voto, superando por más de veinte puntos porcentuales a su perseguidor más cercano, Morena. Los datos otorgan al partido blanquiazul un 44.6 por ciento de las preferencias, seguido del partido oficialista con un 22.9 por ciento, el PRI se sitúa con un 12.8 por ciento, Movimiento Ciudadano capta un 8.5 por ciento y el PVEM apenas un 1.0 por ciento, con una franja de indecisos que ronda el 10.2 por ciento.
Al evaluar los liderazgos internos de Acción Nacional, el senador Enrique Vargas del Villar sobresale como el competidor con mayor arraigo para asumir la postulación a la alcaldía de Huixquilucan, al acaparar el 81.3 por ciento del apoyo de la militancia consultada, en contraste con un 18.7 por ciento que se inclinó por una postulación alterna.
Las estadísticas del sondeo muestran además una trayectoria al alza para el legislador federal durante el último tramo del año, escalando de un 70 por ciento de simpatías registrado en el mes de febrero a la cifra superior al 81 por ciento en el mes de mayo, lo que lo ratifica como la figura indiscutible del panismo local.
De esta forma, el político blanquiazul se declara en condiciones de buscar nuevamente la presidencia de su localidad de origen, aun cuando se prevén campañas de desprestigio dirigidas a mermar su posicionamiento social, un reto que confía superar apelando a los resultados tangibles de su previo desempeño administrativo en la región.
Por otra parte, el posicionamiento del actual presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, se consolida de manera notable en diversos estudios de opinión que lo posicionan con una sólida base de simpatía popular. Su programa de acción gubernamental ha generado un impacto directo en el ánimo de la ciudadanía, ampliando paulatinamente su margen de ventaja frente a posibles contendientes en la región.
Hacia la jornada electoral del 2027, el electorado de Naucalpan muestra predilección por dar seguimiento a las administraciones con resultados operativos reales y presencia comunitaria. En este rubro encaja el perfil de Montoya Márquez, caracterizado por traducir de manera ágil los compromisos de campaña en indicadores y programas de beneficio directo.
El panorama electoral en la entidad mexiquense consolida un soporte de arraigo para el movimiento de la llamada transformación en zonas de alto valor urbano como Naucalpan. El impacto social que genera una gestión orientada al cumplimiento de objetivos ha permeado positivamente en la ciudadanía local, delineando una ruta viable para Isaac Montoya en caso de buscar formalmente su continuidad al frente de esta alcaldía mexiquense.
Finalmente, se comenta sobre los rumbos que han tomado familiares de altos funcionarios, como es el caso de Germán Cravioto Fernández, cuya experiencia personal y un año tras las rejas habrían marcado un vuelco drástico en su vida cotidiana. Paralelamente, en la órbita del poder federal, algunos analistas comparan ciertos estilos de deslinde político, sugiriendo de manera irónica que la mandataria federal se limita a ejercer su rol formal de jefa de Estado sin interferir en dinámicas ajenas.
En este sentido, se señalan los lazos familiares y las conductas compartidas que presuntamente vinculan al actual secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, y a su familiar Germán Cravioto Fernández. Existen críticas que apuntan a que ambos personajes habrían buscado beneficiarse económicamente de su entorno y cercanía con la esfera del poder político, asumiendo una supuesta inmunidad al amparo de las siglas oficialistas en la metrópoli. Cabe señalar que el actual integrante del equipo de la jefa de Gobierno Clara Brugada se ha visto envuelto recientemente en controversias de índole pública.
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