Activistas y representantes de diversas organizaciones mexicanas realizaron una protesta el pasado 16 de julio frente a las oficinas centrales de JPMorgan y Santander en la Ciudad de México. El motivo de su indignación radica en que estas instituciones financieras brindaron asesoría crediticia a Mexico Pacific, facilitando así los fondos necesarios para la ejecución del proyecto Saguaro Energía LNG, uno de los grandes planes de licuefacción de gas natural destinados al vital Golfo de California.
“Los proyectos, como Saguaro y AMIGO GNL, representan una amenaza directa para el ecosistema y la rica biodiversidad del Golfo. Ambos desarrollos están siendo objeto de múltiples demandas legales que cuestionan las autorizaciones ambientales otorgadas, así como los impactos devastadores e irreversibles que podrían causar a toda la región, sin contar con la falta de mecanismos transparentes de participación pública,” explicó Mariana Domínguez, Coordinadora de Comunicación de Nuestro Futuro.
“Se planea procesar millones de toneladas de gas metano en el Golfo de California para su posterior exportación hacia Asia. Esto transformaría esta área natural en una auténtica vía industrial para gigantescos buques portacontenedores, lo que conlleva riesgos y consecuencias ecológicas sin retorno,” advirtió Dolores Rojas, coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll México.
“La principal justificación de estas iniciativas es que se espera que la inversión foránea genere un beneficio económico para el país. Sin embargo, este es un argumento incompleto que ignora los costos ambientales reales,” señaló Pablo Montaño, director de Conexiones Climáticas.
“Estos proyectos buscan establecerse en México debido a las prohibiciones y regulaciones ambientales rigurosas implementadas en la costa de California. Históricamente, todas las propuestas para terminales de gas licuado en esa costa han sido rechazadas o suspendidas por motivos normativos, de seguridad ambiental y tras enfrentarse a una firme oposición social,” complementó Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, enfatizando que “el verdadero cliente de este negocio son los mercados asiáticos: específicamente Japón y Corea del Sur.”
Ante esta escalada de proyectos energéticos contaminantes, la sociedad civil ha mostrado gran preocupación. “Las iniciativas impulsadas por los hidrocarburos no solo ponen en peligro los delicados ecosistemas marinos y las economías comunitarias costeras, sino que jamás serán una alternativa viable para alcanzar un desarrollo sostenible,” recordó Edith Martínez, Directora de Comunicación de Oceana México.
“Muchos consideran estos megaproyectos industriales como símbolo de progreso. Sin embargo, en la práctica, su impacto es devastador para la vida local y la economía natural que depende más de la armonía con el medio ambiente, incluyendo la pesca artesanal y los cultivos de camarón,” analizó Ferrari.
“Estos planes no solo ponen en jaque la biodiversidad marina y los sustentos de miles de familias dedicadas a la pesca y al turismo. Además, contribuyen directamente al aceleramiento del calentamiento global, empeorando fenómenos como el aumento del nivel del mar, la acidificación oceánica e intensificando eventos climáticos extremos tales como huracanes y tormentas,” añadió Martínez.
El proyecto Saguaro Energía LNG contempla la instalación de una terminal para exportar gas natural licuado en la comunidad pesquera de Puerto Libertad, ubicada en Sonora. Según detalló la Fundación Heinrich Böll, el proceso implicaría extraer el gas mediante tecnología de fracking y transportarlo a través de un gasoducto principal que cubriría unos 800 kilómetros; su ruta propuesta iría desde Texas hasta Sonora, atravesando por Chihuahua.
“La traza del conducto gaseoso cruzaría principalmente zonas desérticas. Esto implica modificar los patrones de escurrimiento de agua y conlleva graves riesgos adicionales como las fugas de gas a lo largo de toda su extensión,” alertó el director de Conexiones Climáticas, añadiendo la preocupación por la contaminación atmosférica.
“Sumando los perjuicios del transporte terrestre con los impactos marítimos, estamos hablando de un territorio dotado de una excepcional biodiversidad. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha señalado que el Golfo alberga unas 900 especies de peces, de las cuales el 90% son endémicas; además, es hogar del 39% de los mamíferos marinos mundiales —incluyendo ballenas jorobadas, grises y azules— y cuenta con 4,500 especies de invertebrados, moluscos y crustáceos,” destacó Rojas.
Por este motivo, más allá de las acciones judiciales, la sociedad civil ha impulsado una estrategia para catalogar el Golfo de California como un Hábitat Crítico. “Esta medida garantizaría la integridad del área completa sin perjudicar a las actividades comunitarias ni afectar su uso. Lo blindaría ante cualquier impacto futuro proveniente de proyectos gasíferos u otras industrias, como la minería submarina o los megacruceros,” argumentó Domínguez, recordando que este es un lugar donde “las ballenas realizan procesos biológicos fundamentales para su supervivencia: alimentación, reproducción, migración y descanso.”
Esta acción legal es complementaria a lo ocurrido en un juzgado de Sonora el pasado mes de abril. Es fundamental aclarar, explicó Domínguez, que esta iniciativa no anula la autorización ambiental del proyecto; únicamente solicita a las autoridades que impidan el tránsito de embarcaciones por el Golfo hasta que se realice una evaluación exhaustiva y correcta de todo el caso.
En otro contexto, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó durante una conferencia matutina que este proyecto ya existía antes de su administración actual, y actualmente está en curso una evaluación ambiental detallada sobre sus posibles impactos. “La Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto Saguaro se emitió inicialmente en 2006, autorizando la construcción y operación de una planta de regasificación de gas fósil,” recordó la vocera de Nuestro Futuro. Adicionalmente, añadió que en 2018, durante el sexenio anterior, ASEA otorgó a la promotora un cambio de permiso ambiental, modificando el plan de una planta de regasificación a una de licuefacción de gas natural.
“No obstante, la presidenta mantiene margen de maniobra y diversas consideraciones están en proceso para detener este desarrollo,” consideró Ferrari. Por su parte, Montaño concluyó abogando por insistir en el poder de la movilización ciudadana: “Esto genera incertidumbre entre los inversionistas y podría ser una razón crucial de las que evitarán que estos proyectos lleguen a materializarse, que es precisamente lo que estamos buscando.”
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